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La nueva realidad social requiere una reforma sanitaria en la que en el sector privado debe jugar un papel fundamental

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En una jornada titulada El sector Sanitario: simbiosis Público -Privada y sus datos celebrada en el Instituto de empresa Business School se han aportado los datos que confirman la necesaria cooperación del sistema de titularidad pública y privada en aras a dotar de sostenibilidad y solvencia al sistema.

El envejecimiento de la población española, que marca cifras nunca vistas hasta ahora, según las previsiones más optimistas de la Administración presentadas en Bruselas en su Plan de Estabilidad, el gasto sanitario y sociosanitario supondrá un incremento de medio punto sobre el PIB (Producto Interior Bruto) cada década hasta 2060, es decir, más de 580 millones de euros más cada año (se incrementará en más de 5.800 millones de euros cada 10 años).

Ante este escenario no es posible abordar la atención sanitaria y sociosanitaria sin aprovechar todos los recursos disponibles independientemente de quien ostente la titularidad. Eso implica que no es posible dar respuesta a las necesidades sociales sin establecer líneas de cooperación entre la sanidad pública y la sanidad privada, sin ser capaces de adquirir, gestionar y compartir información, por ejemplo, para evitar duplicidades y solapamiento de servicios, y sin tener además estabilidad y horizontes predecibles en el sector del emprendimiento privado en sanidad”, ha apuntado Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS en dicha jornada.

Según apuntan las conclusiones del informe “Funding the gap. El futuro del sistema sanitario” (*) presentado recientemente, España necesitará incrementar su presupuesto sanitario entre 32.000 y 48.000 millones de euros para 2025, una cifra difícil de asumir si no somos capaces de prever el futuro y diseñar y aportar una política inclusiva, integradora, que contemple a todos los agentes implicados en su solución. Para ello hemos de acometer una política reformista que adapte las necesidades de la población a la realidad normativa, de tal forma que esta permita articular todo el potencial que ofrecen los dos sectores de titularidad tomando como base la calidad, la seguridad, la innovación y los resultados de salud” ha añadido.

Un ejemplo de la falta de fluidez en el terreno sanitario es la colaboración de los diferentes territorios con el sector privado tantas veces puesta en entredicho. Una consecuencia de no hacer un uso adecuado de todos los recursos disponibles, sin complejos ni posiciones sectarias, oportunistas o demagógicas es sin duda la situación de las listas de espera en España. En este sentido, Manuel Vilches ha lamentado que no se estén usando los recursos de la sanidad privada para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención al paciente.

La predisposición de IDIS a colaborar con la administración en este capítulo particular ha quedado patente con el plan de choque que la institución propuso a las administraciones sanitarias a mediados de 2017 y que, con una inversión de unos 1.500 millones de euros, garantizaba arrancar 2018 con cero listas de espera. El plan ponía a disposición del sector público más de 2.000 quirófanos, 100.000 profesionales y 51.000 camas para dar salida a todas las intervenciones pendientes. “No es la solución definitiva para acabar con las listas de espera, pero técnicamente solventaría la situación crítica que se está dando actualmente”, ha explicado Manuel Vilches, añadiendo que hallar una solución definitiva a este tema pasa por “sentar las bases de un modelo de colaboración público-privada, que vaya más allá de ideologías y se centre en dar una atención óptima al paciente”.

Además del plan de choque, el director general de IDIS se ha referido a la interoperabilidad, la receta privada electrónica, el necesario desarrollo de los cuidados intermedios y el hospital líquido en esta nueva realidad sociodemográfica, como otros ejemplos de propuestas de la Fundación IDIS para lograr una mejor cobertura y satisfacción del paciente; también ha enfatizado el necesario impuso de la calidad a través de la iniciativa QH (Quality Healthcare) para seguir ejerciendo el liderazgo en materia sanitaria que le corresponde a nuestro país.

En el caso de la interoperabilidad, el intercambio de datos entre centros y el acceso del paciente a los mismos aspira a “colocar al paciente en el centro de la gestión de su propia salud, siendo por lo tanto corresponsable en la gestión de la misma”. En palabras de Manuel Vilches y, a efectos más prácticos, evitar, por ejemplo, la duplicidad de pruebas, con el consiguiente ahorro, permite desarrollar mejores diagnósticos e implantar mejores tratamientos que redunden en un abordaje más personalizado y por lo tanto en un mejor pronóstico del paciente.

La receta privada electrónica, sustentada en el proyecto de interoperabilidad también se orienta a ofrecer una mejor atención global, lo que permite al paciente acceder a sus datos de salud y controlar su tratamiento de una forma más eficaz. Todos estos aspectos inciden sin duda en una reducción del gasto y de las ineficiencias, de manera similar a la que ya ha demostrado la receta pública electrónica.

Para ejemplificar los resultados que puede conseguir un sistema sanitario con mejor interacción público-privada, Manuel Vilches ha analizado el ejemplo holandés, que durante las últimas tres ediciones del Euro Health Consumer Index ha permanecido en el top 3 de los más valorados, y que en 2016 se ha convertido en el mejor puntuado del continente. El modelo de los Países Bajos en el que la separación entre financiación y provisión es evidente obliga a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico, a la vez que el Estado asegura la cobertura de todos los ciudadanos, sin importar la edad o el historial clínico. Para ello, provee de una serie de ayudas económicas en función de los ingresos. Gracias a esta vinculación entre la administración pública y la sanidad privada, los holandeses pueden disfrutar de uno de los catálogos de prestaciones más completos de todos los sistemas públicos europeos. “Además, en Holanda, las decisiones operativas son tomadas por las autoridades teniendo en cuenta la opinión de los pacientes”, ha concluido Manuel Vilches, “de manera que este tipo de decisiones están alejadas de aquellos actores que no están directamente vinculados con la práctica sanitaria”.