Hoy el proyecto de real decreto de unidades de gestión clínica se encuentra en suspenso tras el dictamen que llevó a cabo el Consejo de Estado en julio de 2016. Sus consideraciones al respecto en aquel momento eran varias, comenzando por la necesidad de otorgarle un carácter de ley ordinaria que involucrara a todos los partidos políticos. A este hecho se añadió la circunstancia política particular que atravesaba España, con un Gobierno en funciones.
¿Cuál es el contexto actual ante un hipotético reimpulso de la futura ley? Las discrepancias son sólidas, como también lo fue la polémica suscitada por esta norma en el sector, enfrentando criterios de Comunidades Autónomas, profesionales y sindicatos. Desde la Comisión de Sanidad del PP en el Congreso se apuesta porque sea el Ministerio de Sanidad quien le otorgue el necesario reimpulso, previo acuerdo sobre sus bases en el Pacto de Estado por la Sanidad. El PSOE también apunta a la necesidad de tomar la iniciativa por parte del Gobierno, previendo un posible escenario de privatización y de intromisión en las competencias organizativas autonómicas.
Desde Ciudadanos se aboga por el establecimiento de unos indicadores de calidad que utilice todo el sistema, como base para el establecimiento de la gestión clínica. Y Podemos, por su parte, no ve necesaria la creación de estas unidades para desarrollar un trabajo de calidad sustentado en la medicina basada en la evidencia, sino que lejos de eso anticipa posibles disfunciones y el posible deterioro de la Atención Primaria.
En la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se apuesta por una norma más profunda y que le aporte sintonía a todo el Sistema. En lo que respecta a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), se refuerza la idea de esta ley, de perfil integrador, sostenible, eficiente y con futuro.
El papel de la empresa privada y de la enfermería, principales puntos de debate
El papel que desempeñará la empresa privada en este contexto es, sin duda, el principal punto de debate. Desde la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) se aboga por mantener el carácter público de los centros, centrándose en la implicación de los profesionales para su buen funcionamiento. La Organización Médica Colegial (OMC) lo tiene claro: los clínicos han de ser los responsables de los recursos, como mejores conocedores del entorno. Y desde el Consejo de Enfermería se apunta otro punto polémico, y es el posible liderazgo enfermero en dichas unidades, previa definición de objetivos y criterios. Estamos ante un interesante caldo de cultivo que no facilita el consenso para que el Ministerio de Sanidad presente una propuesta de ley sobre las unidades de gestión.
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