La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación que fue interpuesto por una protésico dental tras ser condenada en primera instancia por un delito de intrusismo profesional. De esta forma, la Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia, con lo que condena a la acusada a una pena de tres meses y 15 días de multa con cuota diaria de ocho euros (840€) y al pago de las costas procesales.
Como informa el Consejo General de Dentistas, según dicta el juez en la sentencia, la acusada era propietaria de un taller mecánico dental donde realizó funciones “exclusivamente reservadas a los odontólogos y estomatólogos” que constituyen un delito de intrusismo profesional; funciones sobre la cavidad bucal de los pacientes como toma de impresiones y colocación de prótesis.
Estos hechos delictivos han podido verificarse gracias al detective privado que contrató el Colegio de Dentistas de Valencia para comprobar que estas actividades estaban siendo desarrolladas por una persona que carece de la titulación académica y oficial necesaria que le habilite para tal desempeño.
El protésico dental es un profesional que no puede realizar labores asistenciales por no tener la formación requerida; no puede trabajar sobre la boca del paciente
Como recuerda el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, el protésico dental es un profesional que no puede realizar labores asistenciales por no tener la formación requerida, por lo que no puede trabajar sobre la boca del paciente, si lo hace, está cometiendo un delito y poniendo en riesgo la salud de los pacientes. “Por eso, desde la Organización Colegial insistimos en la necesidad de acudir siempre a un dentista colegiado para tratar cualquier problema en la cavidad oral y, si tiene la más mínima duda al respecto, consultar en el Colegio de Dentistas de la provincia”.
Penas disuasorias ante delitos que generan un alto riesgo para la salud de la población
Para evitar el delito profesional, el Dr. Castro Reino remitió la semana pasada una carta al Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, para solicitarle que “se tomen de una vez por todas medidas encaminadas a hacer las penas verdaderamente disuasorias, puesto que estos delitos generan un alto riesgo para la salud de la población y, sin embargo, se saldan con condenas extremadamente leves”.
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