El Consell de Govern ha aprobado el decreto por el cual se regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública balear. Como informa Efe, este decreto no impide lograr una plaza mediante oposición sin saber la lengua cooficial, pero sí será obligatorio para poder optar a traslados y cobras los pluses de carrera profesional. En estos casos, tanto los médicos como enfermeros deberán tener la titulación de catalán B1 (elemental), y en el caso de los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). En el supuesto de que no tengan de inicio para ambos colectivos ninguno de los niveles que se les exige a partir de ahora con el decreto, se les dará un plazo de dos años para obtenerlo una vez que aprueben las oposiciones. Con todos estos condicionantes, cobra un cariz ciertamente restrictivo esta norma, y es que todo profesional de la sanidad pública no podrá profesionalmente promocionarse si no se acredita el nivel de catalán que se les exige de la plaza deseada.
Patricia Gómez, consellera de Salud, destaca que este decreto es “fruto del consenso” con los sindicatos, y hace hincapié en que se trata de “unas exigencias de conocimiento y compresión de la lengua mínimas”.` Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, considera que con esta iniciativa, lo que se pretende es defender y al mismo tiempo conjugar el derecho de los usuarios a que puedan ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares -catalán y castellano- con la garantía de que se les ofrece una calidad asistencia sanitaria.
Siete votos a favor y tres en contra del decreto que regula la exigencia del catalán en la sanidad pública balear
El ejecutivo autonómico ha dado su visto al informe que desarrolla la Ley de Función Pública, después de obtener el aval del 65 % de la representación de los sindicatos en la Mesa Sectorial y del Consell Consultiu, un informe favorable con siete votos a favor y tres en contra.
La aprobación, finalmente de este decreto que obliga a conocer la lengua catalana para trabajar en el sistema público de salud de Baleares, ha contado con la oposición del PP y Ciudadanos (Cs). Cabe recordar las declaraciones en el pasado mes de noviembre de la diputada Olga Ballester, de Ciudadanos que consideraba una “aberración” que sea condición necesaria para tener en propiedad una plaza de especialista médico o de enfermera la formación, y que la experiencia o la investigación sea “irrelevante”, frente “a la acreditación del catalán”. El Gobierno central, igual que el sindicato CSIF, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales esta nueva normativa al considerar que se vulneran las normas del Sistema Nacional de Salud.
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