Publicado en Médicos y Pacientes Con la entrada en vigor del RD 16/2012 el 24 de abril de 2012, hace hoy seis años, se impuso el permiso de residencia legal como requisito para el acceso a la asistencia sanitaria en España. La nueva norma dejó fuera del sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular en España, a consecuencia de lo cual la mortalidad de este colectivo se habría incrementado hasta un 15% en los tres años posteriores a su implantación, según concluye la investigación “The deadly effects of losing health insurance”, realizada por economistas de la Salud del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)-Universidad Pompeu Fabra (UPF). Los resultados fueron presentados recientemente por los autores de este estudio, Arnau Juanmarti (CRES-UPF), Guillem Lopez Casasnovas (Department of Economics & CRES-UPF) y Judit Vall Castello (UB, IEB & CRES-UPF) durante el VII Taller de Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud, organizado en Madrid por la Asociación de Economía de la Salud (AES) y la Escuela Nacional de Sanidad (ENS).