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ASPE lleva a la Comisisón Europea la ley valenciana sobre acción concertada

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..Redacción.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha acudido a la Comisión Europea para presentar una denuncia contra la Ley de la Generalitat Valenciana 7/2017, de 30 de marzo, sobre la acción concertada para la prestación de servicios sanitarios. La asociación entiende que existe un posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ASPE lamenta que la normativa se aprobara aprovechando la falta de transposición de la Directiva 2014/24/UE por parte del Estado. La Comunidad Valenciana creó, a su juicio, un instrumento a través del cual la Administración puede contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro sin competencia con las que sí lo tienen. La alianza advierte en un comunicado de que tras la transposición de esta directiva, la regulación valenciana “no sólo es contraria al derecho de la Unión Europea, sino que también lo es a los principios de transparencia y no discriminación establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público vigente en España, la cual prohíbe expresamente la discriminación de una entidad por razón de su forma jurídica o del ánimo de lucro“, señalan.

ASPE: “no sólo es contraria al derecho de la Unión Europea, sino que también lo es a los principios de transparencia y no discriminación establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público vigente en España, la cual prohíbe expresamente la discriminación de una entidad por razón de su forma jurídica o del ánimo de lucro”

A pesar de que la transposición de la Directiva 2014/24/UE fue realizada dicha Ley fue aprobada en octubre de 2017, la situación no ha cambiado en la Comunidad Valenciana, “alargando la situación de flagrante injusticia a la que se ven sometidos los centros privados que tienen ánimo de lucro en la contratación“, añaden.

La patronal de la sanidad privada ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones estas circunstancias. Esta situación le ha llevado a reunirse el año pasado con el Defensor del Pueblo y a dirigirse al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la mencionada ley, algo que finalmente no ocurrió.