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Un cirujano ha sido condenado a indemnizar con más de 700.000 euros a su paciente tras complicarse la operación que le estaba realizando. La nucleoplastia por láser –intervención en la columna vertebral- derivó en una parálisis que finalmente dejó a la paciente en estado de tetraplejia.
El paciente alegó falta de información previa y una supuesta mala praxis en la intervención, reclamando una indemnización de 1,7 millones de euros. El doctor disponía de una póliza de responsabilidad civil profesional con un límite de cobertura de 600.000 €, por lo que, a priori, se exponía a tener que pagar de su bolsillo más de un millón de euros.
Los letrados del facultativo trataron de aclarar que la causa del daño se debió a una respuesta inesperada de la biología de la propia paciente
Los abogados del facultativo trataron de demostrar que su intervención había sido totalmente correcta y que el resultado de los hechos se debió a un riesgo imprevisible y fortuito. Para ello presentaron una batería de pruebas que demostraban que la paciente fue informada de la intervención, además de alegar que se trataba del primer caso sucedido hasta el momento en la bibliografía médica. Los letrados trataron de aclarar que la causa del daño se debió a una respuesta inesperada de la biología de la propia paciente, por lo que la actuación habría sido totalmente correcta.
El juez concluyó la valoración del caso entendiendo que, efectivamente, la paciente fue informada de la intervención, pero no encontró evidencia alguna de que fuera informada también de sus riesgos
En virtud de las pruebas aportadas por ambas partes, el juez concluyó la valoración del caso entendiendo que, efectivamente, la paciente fue informada de la intervención, pero no encontró evidencia alguna de que fuera informada también de sus riesgos. En su historia clínica constaba que se trasladó esta información a la paciente, la realización del presupuesto y la planificación de la intervención pero, según el juez, a través de dichos datos no podía inferirse que se le hubiera informado de las posibles eventualidades de la operación.
El juez hizo alusión directa a los testigos aportados por la defensa, indicando que “debemos considerar que tienen interés en el procedimiento ya que son personal dependiente profesional del doctor, por lo que de su declaración sólo se desprende que informaron de la intervención pero no de los posibles riesgos, y menos de poder causar una tetraplejia como consecuencia de la intervención realizada”. Por ello el juez consideró que hubo una manifiesta falta de información, lo que se tradujo en mala praxis.
Además, el magistrado aplicó la jurisprudencia relativa al ‘daño desproporcionado’, por la que se exige al acusado “una explicación coherente acerca del porqué de la importante incoherencia entre el riesgo inicial que indica dicha actividad médica y la consecuencia finalmente producida”, como indica la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de diciembre de 2011, recurso 2060/2008. De este modo, la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, creando o haciendo surgir una deducción de negligencia. En este sentido, a pesar de las distintas teorías depuestas por varios peritos de prestigio de la defensa, no pudo probarse cuál fue la causa real de la lesión.
La cantidad reclamada inicialmente se redujo en casi un millón de euros, pero finalmente el doctor ha sido condenado a pagar más de 700.000 euros, de los cuales 600.000 corren a cargo de la aseguradora
Aunque la cantidad reclamada inicialmente se redujo en casi un millón de euros, el doctor ha sido condenado a pagar más de 700.000 euros, de los cuales 600.000 corren a cargo de la aseguradora, por lo que el facultativo tendrá que responder por una cantidad que supera los 100.000 euros.
