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El sindicato CSIF ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra el Decreto 8/2018 de 23 de marzo por el que se obliga al personal del Servicio de Salud de las Ilas Balears a presentar un nivel alto de catalán.
La normativa exige el conocimiento de catalán, a todos los niveles, al personal estatutario para acceder a un puesto de trabajo público, lo que supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la Carrera Profesional y a la Movilidad Voluntaria.
La organización sindical entiende que con esta norma se vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución
La organización sindical entiende que con esta norma se vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución, la propia Ley de función pública, el Estatuto Marco del personal estatutario, hasta el Estatuto Básico del Empleado Público.
“La lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la Sanidad Pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que recogen el artículo 15.3 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución”, ha señalado el sindicato de la función pública en un comunicado.
