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La sanidad ha quedado oculta en el debate de los Presupuestos Generales del Estado por el comienzo del juicio del procés y la posible convocatoria de elecciones generales. Las referencias a la política sanitaria han sido mínimas en el discurso en el discurso de la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Durante su intervención la titular de Hacienda ha defendido que estos presupuestos destinan un 57,3% a gasto social. “Estos presupuestos son un órdago a la desigualdad en todas sus facetas y vertientes. Iba siendo hora de que las personas, las inequidades y las injusticias formaran parte de las inquietudes de las personas que gobernamos”, subrayó Montero.
Montero: “Estos presupuestos son un órdago a la desigualdad en todas sus facetas y vertientes. Iba siendo hora de que las personas, las inequidades y las injusticias formaran parte de las inquietudes de las personas que gobernamos”
La ministra de Hacienda destacó dos aspectos relacionados con las políticas sanitarias. Por un lado, el incremento de las ayudas destinadas a la dependencia; por otro, el fin del copago “a los pensionistas con rentas inferiores a los 11.200 euros anuales o a las familias con ingresos menores de 12.300 euros y con un hijo a su cargo”, subrayó.
El rechazo de las formaciones independentistas, tal y como han advertido, supondría la convocatoria de nuevas elecciones generales. Podemos, el principal socio del Gobierno, así lo ha manifestado también. De esta manera las cuentas presentadas por el Ejecutivo caerían en saco roto.
La eliminación progresiva del copago y el aumento de las ayudas a la despendencia quedarían en suspenso hasta la entrada del próximo Gobierno. El sector sanitario se mantiene a la espera de la votación definitiva para saber si el Gobierno convoca elecciones. Uno de los actores más preocupados era la sanidad privada debido al acuerdo entre el Gobierno y Podemos para desprivatizar la sanidad pública. De hecho, se había puesto en marcha una convocatoria al respecto.
