Han bastado solo diecisiete meses para poner en entredicho las veleidades de la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo – en vigor desde el mes de julio del pasado año- conocida coloquialmente como “Ley Aido”. Los datos que el Ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos lo confirman. En lugar de disminuir estos casos de intervención voluntaria del embarazo (IVE) como esta preveía, han crecido un 1,3%. Durante ese tiempo se ha llegado a alcanzar la cifra de 113.021 abortos. Un fracaso absoluto porque no ha logrado frenar, como en principio se justificó con su promulgación, el irrefutable hecho de quebrar la vida del no nacido. Una práctica a la que moralmente debe ponerse fin para terminar de una vez con la desdeñable política social que con tanta insistencia como amplitud propició el ya ex-presidente Zapatero.
Ante la locuacidad de estos datos, según comenta el diario ABC, el colectivo médico ha reaccionado diciendo, “es una mala noticia, que demuestra la necesidad de seguir trabajando en los métodos anticonceptivos”. Para tomar postura ante la gravedad de este tema basta con echarle una ojeada a los principios fundamentales del derecho natural, consustanciales en el hombre, para que todos, empezando por los poderes públicos, respetemos el derecho a la vida desde su concepción.
Estos datos hacen necesaria la intervención urgente del Tribunal Constitucional para definitivamente abordar la inconstitucionalidad de una ley que produce unos efectos irreversibles. Después de realizada la práctica de un aborto no hay forma de reparar el daño realizado, El próximo enfoque legislativo debe poner de manifiesto este ineludible derecho a la vida.
El citado informe oficial sobre el resultado de la permisibilidad de la práctica del IVE no cambia el panorama del mapa nacional sobre el aborto, en el que Cataluña se mantiene como la Comunidad líder en esta práctica. El dato es concluyente, durante el tiempo que lleva vigente esta ley se han realizado en ella 23.000 intervenciones, le siguen Madrid y Andalucía como las más proabortistas, con más de 20.000, con lo que se confirma sin discusión de ningún tipo el repetido fracaso de la Ley. Un problema que va cada vez a más si se analizan los porcentajes de crecimiento en España durante los diez últimos años:
2001 -> 69.857 casos
2002 -> 77.125
2003 -> 79.788
2004 -> 84.985
2005 -> 91.664
2006 -> 101.592
2007 -> 111.138
2008 -> 115.812
2009 -> 111.482
2010 -> 113.021
Por comunidades, las de mayor porcentaje por cada mil mujeres son: Cataluña, 15,20%; Madrid, 14,77 %; Murcia, 14,72 %; Baleares, 13,82 % ;Andalucía, 11,73 %; Aragón, 10,74 % y Valencia, 10,02 %. Las de menor porcentaje son, Galicia con un 6,46% y Ceuta- Melilla con el 4,30 %.
La directora de la Cátedra Bioética, “Jerome Leyeume”, Mónica López Barahona, hace un suculento comentario: “Cabe constatar que la nueva legislación no solo no ha conseguido disminuir el número de abortos practicados en España sino que este ha aumentado. Las razones esgrimidas por el Gobierno para convertir en derecho un acto tipificado hasta entonces como delito por nuestro código penal eran precisamente la posibilidad de su disminución”.
Eduardo Hertefelder, Presidente del Instituto de Política Familiar, en declaraciones públicas expresa la posible previsión del futuro de este tema “Los pronósticos son que para 2012 los abortos van a seguir aumentando porque hay plena libertad para hacerlo. La prueba es que, a pesar de haberse expedido gratuitamente durante el último año cerca de 700.000 píldoras sin receta, no se va a conseguir frenar su incremento”.
