La situación económica hace que esté saliendo a la luz todos los problemas internos del SNS. La falta de adaptación es total y desde todos los sectores implicados se recomienda una profunda revisión, tan necesaria como urgente.
La creación de nuestro Sistema Nacional de Salud se remonta a la etapa de la Ilustración Española de mitad del siglo XVIII, en la que se desarrollaron las antiguas prestaciones individualizadas que, hasta esa época, se venían realizando en el campo de la medicina. A principio del XIX (1803) la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” formalizó uno de los proyectos más avanzados de la época sobre la sanidad pública.
En la etapa Contemporánea, “El Código Sanitario” de 1872, que no llegó a consolidarse debido a la falta de consenso analítico y técnico sobre las medidas que debían tomarse, puede considerarse como otro punto de referencia, junto con la Ley de 28 de noviembre de 1855 por la que se reguló la creación de la Dirección General de Sanidad, consolidada tras la Guerra Civil por la Ley de Bases de 1944. En su exposición de motivos se decía: “A la Administración Pública compete atender aquellos problemas sanitarios que puedan afectar a la colectividad en su conjunto, compitiéndole, además, desarrollar una acción de prevención” Una mera declaración de intenciones que cumplió sus objetivos de la mejor manera posible.
El Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) nació en virtud de la Ley del 14-12-1942 para ser gestionado por el Instituto Nacional de Previsión, Con él se creó un sistema de cobertura basado en el establecimiento de una cuota vinculada al trabajo. La Ley de la Seguridad Social de 1974 propició que este nuevo Organismo fuera asumiendo cada vez más competencias y variedad de prestaciones.
Tras este camino legislativo se llega finalmente a la actual Ley General de la Sanidad de 1986 y a la creación del Ministerio de Sanidad, nacido como respuesta a las necesidades propias de la salud pública establecidas en la Constitución de 1978, donde en los art.. 43 y 49 se alude al derecho de los ciudadanos a la protección de su salud, reforzado también en el título VIII donde empieza a hacerse referencia a las competencias de las CCAA.
La Ley 16/2003, además de dar cohesión y calidad al SNS, indica que dichas instituciones vayan asumiendo paulatinamente sus competencias en materia de sanidad con un modelo estable de financiación.
La citada Ley de 1986 dispuso la creación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para hacer de órgano de Coordinación General del Sistema Sanitario del Estado. Puede funcionar en Pleno, Comisiones Delegadas, Comisiones Técnicas o en simples Grupos de Trabajo. Paralelo a él se encuentra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad, con la misión de contribuir al fomento de esta actividad y que pueda desempeñarse con la debida coherencia en todo el territorio del Estado, como respuesta a los derechos de los ciudadanos. Se establece asimismo que el SNS asuma todas las funciones y prestaciones sanitarias de las que son responsables los poderes públicos, con objeto de que el derecho a la protección de la salud, pueda realizarse de la mejor manera posible, tal y como se indica en las disposiciones legales sobre la materia.
En su artículo 46 se describen las características fundamentales que debe tener el SNS. En su especificación se incluyen conceptos como la necesidad de la extensión de estos servicios a toda la población, la estructuración adecuada para prestarlos, la coordinación e integración de todos los recursos sanitarios en un dispositivo único, la prestación de una atención integral procurando que se haga con los más altos niveles de calidad, así como las cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. Con ello se puede pensar que el legislador deja abierta la puerta para el establecimiento de un posible “copago sanitario”.
Un mero planteamiento teórico, lleno de buenas intenciones, dictadas para marcar su futura línea de actuación. Pero, a la vista del desarrollo real que hasta ahora ha tenido y, según parece, va a continuar por el mismo camino, pueden empezar a señalársele algunos de sus más luminosos fallos. Achacables unos a las deficiencias de contenido de su elaboración inicial y otros a cuestiones difíciles de anticipar cuando se preparó, como la evolución social, económica y técnica que en todo el mundo podía experimentar la sanidad, sin olvidar el manido tema de la globalización de conocimientos y costumbres que, como efecto dominó, afecta a la mayoría de los países, especialmente en materia técnica, organizativa y de modas. Lo que hoy triunfa en un lugar o se lleva en un determinado entorno, es rápidamente asumido, casi como propio, en otros ambientes. La distancia no importa, para eso están los medios de comunicación, auténticas correas de transmisión, rápida y atractiva.
Algunas de las ideas que estos movimientos de vaivén conllevan suelen resultar difíciles de anticipar o prevenir por las respectivas administraciones o entidades –públicas o privadas-, pero otras sí, si a la hora de elaborarlas se hubieran realizado con la atención debida y, lo más importante, consultado con los técnicos correspondientes y los profesionales que, en definitiva, van a ser los que, más tarde, tendrán que encargarse de ponerlas en práctica y enfrentarse a la realidad del día a día, cualquiera que sean sus circunstancias.
En un excelente trabajo publicado recientemente en El País se hace eco de estos pormenores, matizando y poniendo acertadamente el dedo en la llaga. Entre las muchas y muy variadas carencias o lagunas, pueden citarse los siguientes aspectos que, como graves problemas, están en este momento golpeando duramente a nuestro SNS:
- En 10 años han tenido que importarse 43.000 médicos.
- No se tuvo en cuenta el más que probable hecho de que la aparición de los naturales avances científicos daría lugar a que se pudieran diagnosticar otros tipos de enfermedades que exigirían para su atención una mayor inversión -económica, asistencial y humana- propiciándose con ello la prolongación de las esperanzas de vida de la población, así como al incremento de ciertas dolencias crónicas generadoras de ingresos y tratamientos gratuitos durante más tiempo, ajenos a la renta de los pacientes.
- La fe en las nuevas máquinas y en los médicos que las manejan favorecería -como así ha sido- la aparición de una hipocondría generadora de un aumento sensible de pacientes en los hospitales, en muchos casos de forma innecesaria.
- Estas y otras circunstancias, más o menos parecidas, llevaría de forma inequívoca al nacimiento forzoso de mayores necesidades económicas y, por tanto, de la obligación de tomar otras medidas de inversión y ajuste, diferentes a las iniciales políticas de personal. Tampoco resultaba muy difícil pensar que, esta circunstancia generaría una situación de excesiva burocratización, en la que el médico no tendría más remedio que verse desplazado de sus funciones habituales para ser sustituido por otras personas ajenas a la profesión, dotadas de mayores conocimientos organizativos o gerenciales.
Todo esto ha venido contemplándose con el consentimiento de las autoridades públicas, de los sindicatos profesionales y de los propios colegios de médicos –convertidos actualmente en claro refugio de fuertes intereses personales-, quienes al mirar para otro lado han aceptado tácitamente la situación, dando lugar a que la sanidad española haya sufrido durante los últimos años el mayor de los descalabros y se encuentre en el preocupante estado en el que ahora se halla.
Se quiera o no, lo antes posible, hoy mejor que mañana, las autoridades competentes deben ponerse en marcha para atajar la situación, elaborar un plan de futuro definitivo, que sirva para paliar las actuales carencias y defectos, son muchos, sin que se involucren en ello intereses personales, políticos o de partido. Ya es hora, como se desprende del espíritu original de la ley, de que se empiece a pensar solo en la bondad y calidad de la asistencia sanitaria de hoy, y de mañana. Realizar el calendario más adecuado para que la brújula de la Sanidad Pública encuentre cuanto antes su norte.
Las soluciones no van a venir de Europa ni de ningún otro lugar. Es la sanidad española quien tiene que comenzar el desarrollo sin falta porque no se puede esperar más.
