En abril de 2010 el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades aprobó que las ocho capitales de provincia pudieran tener sus propias facultades de Medicina. Fue el propio José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, el encargado de anunciar la medida que iría acompañada de nuevas titulaciones.
La medida trataba de paliar el posible déficit de médicos que podía producirse por las jubilaciones, y que los 10 años que tardan en formarse podía significar un desequilibrio para el sistema sanitario si no se tomaban medidas. El propio Griñán declaraba que no era una medida política sino una demanda social. Se dio el visto bueno a las facultades de medicina sin tener en cuenta el sobrecoste que significaban. El objetivo para Jaén y Almería era comenzar con el curso 2012/23, mientras que Huelva debía comenzar en el curso 2013/14.
Dos años después la situación económica ha cambiado, las arcas están vacías y no hay profesionales expertos, no están preparadas las memorias de la creación de grados o no está aprobada la inversión de un nuevo edificio para la facultad.
La realidad muestra que el proyecto podía ser una cuestión política o una demanda social, pero el plan completo de viabilidad económica no estaba fundamentado en la realidad socio-económica de 2012. Junto a esta falta de previsión hay que sumar que los decanos de medicina siguen preocupados por los recortes en Sanidad y Educación, que prevén afectará a la calidad de la docencia y a los recursos a los que podrán acceder los estudiantes para sus prácticas. Solo el retraso de la jubilación hasta los 67 años puede favorecer el retraso del colapso sanitario.
