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Los pediatras de Atención Primaria alertan del deterioro de la calidad asistencial actual después de los últimos recortes sanitarios

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Alfonso González
Un año después de la creación del Observatorio Pediátrico de Madrid, sus componentes se han reunido para valorar la situación de la asistencia sanitaria a la población infantil y juvenil, que se está viendo perjudicada a raíz de los recortes realizados en sanidad. “Las medidas aprobadas pueden desembocar en un empeoramiento significativo del estado de salud de los niños madrileños”, han declarado unánimemente los representantes de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha –SPMYCM–, La Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria –SEPEAP–, la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria –AMPap–, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y pediatras miembros de la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos. 

Los miembros del Observatorio alertan de que las recientes medidas aprobadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid “están recayendo sobre la población infantil y juvenil de forma injusta y exagerada”. Asimismo, sostienen que “son  medidas de extrema dureza que solo conseguirán el progresivo deterioro de la calidad de la asistencia pediátrica y, por lo tanto, de la salud de los niños madrileños”.

Ante esta situación, los pediatras de Atención Primaria “consideramos necesario exponer estos hechos ante la opinión pública, con el objetivo de hacer reflexionar a las autoridades sobre si las medidas que están tomando son las más justas y adecuadas para superar la crisis”, han declarado los portavoces del Observatorio Pediátrico. 

En este contexto, para conocer cómo está afectando la crisis a la asistencia pediátrica, la SPMYCM ha puesto en marcha un cuestionario que ha dirigido a sus socios y al que también han dado respuesta los socios de la AMPap. Según los resultados de este sondeo, “los pediatras observamos con alarma el deterioro que se está produciendo en la calidad asistencial”. Los principales motivos que conducen a esta conclusión, son los siguientes:

Dificultades económicas de las familias

  • Aumento de la patología psicosocial como consecuencia de las dificultades económicas y laborales en las familias.
  • Dificultad para adquirir medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas.
  • Dificultad para adquirir alimentos adecuados para la edad infantil, fundamentales en este periodo de crecimiento.
  • Falta de asistencia a revisiones y citas programadas derivada de la situación de precariedad laboral de los padres.
  • Bajas en seguros médicos privados y trasvase de pacientes a la sanidad pública, con la consiguiente sobrecarga en las consultas y deterioro en la atención médica como consecuencia de la mayor presión asistencial.
  • Desigualdad en el acceso a una atención pediátrica de calidad y a tratamientos adecuados

Recortes en materia sanitaria

  • Retirada de la financiación de productos sanitarios necesarios para la prevención o el correcto control y tratamiento de determinadas enfermedades (algunos dispositivos para la administración de medicamentos para el asma, vacuna conjugada antineumocócica…).
  • Sobrecarga asistencial motivada por cupos excesivos, falta de suplentes y aumento de niños provenientes de la sanidad privada.
  • La sobrecarga asistencial dificulta la prestación de una asistencia de calidad y la adecuada programación de las actividades preventivas.
  • Gran desmotivación de los profesionales por la continua falta de consideración a su trabajo, agresión a sus condiciones laborales y pérdida significativa y progresiva de sus retribuciones en mayor medida que otros trabajadores públicos.

El Observatorio Pediátrico ha recordado otras circunstancias previas a las medidas aprobadas por el gobierno y que definen como “crónicas”:

  • El elevado número de niños no atendidos por pediatras. 
  • La dificultad para realizar nuestras funciones formativas, docentes e  investigadoras dentro de nuestro horario laboral, que obliga a prolongar nuestra jornada de trabajo más allá de las 37,5 horas semanales establecidas legalmente.
  • La escasez de recursos formativos específicos para los pediatras, que puede incluso empeorar ante la anunciada desaparición de la Agencia de formación sanitaria Laín Entralgo