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El gasto sanitario público se ha reducido un 11,21% con respecto a 2009, pese a que en los últimos diez años el producto interior bruto (PIB) de España ha aumentado un 8,6%, según datos del informe que Amnistía Internacional ha presentado este miércoles, en el que analiza las políticas de austeridad por comunidades autónomas entre 2009 y 2018. En estos años, la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido un 10,5% y el gasto público en la atención primaria ha caído un 13,10% de media en las comunidades autónomas.
El gasto sanitario público se ha reducido en España en un 11,21% desde 2009, a pesar de que el PIB ha aumentado un 8,6%
Pese al aumento del PIB, las políticas de austeridad aplicadas han llevado a un importante recorte la inversión pública en sanidad. De hecho, España sigue sin recuperar la inversión sanitaria pública que tenía hace 10 años. Si en 2009 el porcentaje que representaba el gasto sanitario respecto al PIB era del 8,98%, en 2017 había disminuido en una décima.
Según recoge Europa Press, en comparación con otros miembros de la Unión Europea, España se sitúa muy lejos de Alemania (11,25% de su PIB para sanidad), Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Solo se sitúo en 2017 por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.
Esteban Beltrán: “En un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas”
“En un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas. Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud”, señalaba Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Por comunidades, Baleares es la única que ha recuperado en 2018 la inversión previa a la crisis, superando la inversión de 2009 en un 1,7%. Castilla La Mancha es la comunidad que más alejada se encuentra de la inversión de 2009 en términos constantes con un -18,25%. Le siguen Asturias con un -12,98%, La Rioja con un-12,75%, Galicia -12,65% y Cataluña -12,37%.
Baleares es la única comunidad que ha recuperado en 2018 la inversión previa a la crisis, y Castilla La Mancha es la más alejada de los niveles de inversión de 2009 con un -18,25%
Como consecuencia, el informe de Amnistía Internacional afirma que “el derecho a la salud está en riesgo en España”. Señalan que estas políticas “han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas”. Dentro de este grupo, señala a enfermos crónicos, con discapacidad, quienes reciben tratamiento de salud mental y a las personas mayores.
La atención primaria solo supone el 13,8% del gasto sanitario público
Una de las áreas más perjudicadas en la caída de inversión pública sanitaria es la atención primaria, según recoge el informe de Amnistía Internacional. Su inversión ha caído más del 13% y en 2018, supuso solo el 13,8% del total de gasto sanitario público, cinco décimas menos que en 2009. Y la ratio de personal médico y de enfermería por cada 1.000 habitantes se mantienen prácticamente igual que en 2009. En 2018 la ratio fue de 0,77, es decir, ni un médico de primaria por cada 1.000 habitantes y de 0,66 en el caso de la enfermería.
El gasto sanitario público en la atención primaria ha caído un 13,10% de media en las comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, Murcia es la única comunidad que ha recuperado la inversión en atención primaria en 2018, aumentando su presupuesto en 6,92%. Para el resto de las comunidades autónomas existen grandes diferentes porcentuales que van desde los -24,28% de Cataluña, los -22% de Aragón y los -19,53% de Castilla y León, a los -6,66% de Canarias y los -5,03% de la Comunidad Valenciana.
¿Qué necesita el Sistema Nacional de Salud?
Amnistía Internacional señala que España debe construir una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. Para ello, pide a las autoridades sanitarias aumentar las asignaciones presupuestarias para, “como mínimo”, devolver el gasto total y per cápita en salud a los niveles previos a las políticas de austeridad. A partir de ahí, “incrementar al inversión de manera progresiva, en términos constantes”.
Además, recomienda evaluar el impacto en los derechos humanos de cualquier medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los 17 sistemas autonómicos de salud. También garantizar la participación y consulta de los grupos afectados por esas medidas. Piden priorizar en la asignación de recursos a la atención primaria, tanto humanos como materiales. Además de garantizar la participación del sector profesional sanitario. Por último, recomiendan reforzar los mecanismos de rendición de cuentas antes restricciones de gasto sanitaria que puedan tener impacto en los derechos humanos.
