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Tratamiento como prevención contra el VIH

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Isabel González
El Real Decreto de medida de recorte que deja a los inmigrantes “sin papeles” carentes de asistencia en España, sigue trayendo cola. El experto en la lucha contra la epidemia de VIH, Julio Montaner, director del Centro para la Excelencia en VIH/Sida de Columbia Británica (Canadá) desmontaba con argumentos científicos la nueva ley en una entrevista, “por razones políticas, probablemente populistas y sin base racional alguna, el Gobierno español firma la sentencia de muerte de facto para muchos inmigrantes y facilita la transmisión del virus en toda la población ya que a la hora de transmitirse el virus, a diferencia del Gobierno, no discrimina por factores étnicos”.

La nueva medida de recorte deja a estas personas sin el acceso a la terapia antirretroviral. La cuestión sería si los efectos secundarios de ello serán al final una medida de ahorro o unas consecuencias nefastas para la economía como advierte Montaner en la revista de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, “En última instancia, estas medidas no solo serán devastadoras para los inmigrantes infectados por el VIH, y para el control de la epidemia, sino que también tendrán el efecto económico opuesto”. Aunque los nuevos tratamientos permiten que el VIH se “cronifique” sin llegar a evolucionar, una falta de tratamiento ocasionaría una mortalidad segura a medio plazo.

Así lo han asegurado tras presentar los resultados de un estudio realizado por el Grupo de Estudio del Sida (GESIDA), que da a conocer el impacto sanitario y económico que tendrá esta medida. El estudio ha tenido en cuenta los datos de prevalencia del VIH en España y las cifras del padrón para calcular que podría haber actualmente entre 4.000 y 4.600 inmigrantes irregulares con VIH, de los cuales entre 1.800 y 3.220 tendrían la enfermedad ya diagnosticada y estarían en tratamiento. La falta de control podría suponer entre 27 y 50 muertes sólo en el primer año de la entrada en vigor del Real Decreto.

Este estudio también constata que se puede producir un aumento de las infecciones de entre un 10 y un 20 por ciento cada año, entre 324 y 580 nuevos casos, y no sólo entre el colectivo de inmigrantes sino en todos los ciudadanos ya que, como ha reconocido el doctor José Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también autor del estudio, “el virus no entiende de raza ni fronteras”.

Juan Berenguer, secretario de GESIDA, afirma que no se está informando al médico de las medidas que han de tomar ante esta nueva ley, si se cobrarán o no los diagnósticos por ejemplo.

El Grupo GESIDA, ya criticó en su día el Real Decreto y auguraron un aumento de mortalidad, la aparición de enfermedades oportunistas, el incremento de los ingresos hospitalarios, el aumento de las infecciones en la población y el crecimiento de la transmisión de VIH entre mujeres embarazadas y el feto.

Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de GESIDA, señala que “retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario.”

En Columbia Británica donde reside Montaner, el gobierno financia este tratamiento sabiendo las graves consecuencias que tendría el dejar sin control una enfermedad infecciosa de estas características. Ya desde el principio del programa de tratamiento descendieron los casos de infección por VIH. Un estudio internacional corroboró en 2011 que la terapia retroviral disminuía en un 96% la transmisión sexual, datos que son muy esperanzadores.

Según propias informaciones de Montaner, desde 1996, la mortalidad en Columbia Británica ha descendido un 85% y una reducción del 60% en el número de nuevos casos diagnosticados. “Si tienes una epidemia en un rebaño de vacas, ¿tratas sólo a las blancas? Entonces es que no tienes ni idea”, apostilla el investigador.

Estas medidas son un ejemplo a seguir en todos los sentidos. Ante las enfermedades de tipo infeccioso no se puede escatimar ni un solo euro porque las consecuencias son demasiado elevadas y no sólo en cuestiones económicas sino en cuestiones de salud. Aumentar la inversión supone a largo plazo un ahorro de hospitalizaciones y medios. Ya en este año la Organización Mundial de la Salud lo simplificó en, “tratamiento como prevención”.

“Por tanto, la aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos”, denunciaban los médicos José Antonio Pérez y Federico Pulido.

Según el docto Pulido, España se ahorraría de 12 a 21 millones al año al no atender a estos pacientes. En contraposición, los ingresos hospitalarios por complicaciones y los fallecimientos costarían al sistema entre 6,5 y 11,7 millones de euros, por lo que “se vería reducido a la mitad sólo en el primer año después de entrar en vigor”, afirma. Al ser enfermedades infecciosas en el segundo año estas se multiplicarían y así sucesivamente con lo que a largo plazo supondrá un gasto inconcebible.

Seguramente todo esto evidente a los ojos de los médicos a los que muchas veces habría que preguntar antes de implantar cualquier medida en el Sistema Sanitario.