Lola Granada
Los médicos de la sanidad pública siguen el mismo convenio que el resto de los empleados públicos, no se tiene en cuenta sus especiales circunstancias y como cualquier otro empleado público dejará de percibir un 50% de su retribución salarial durante los tres primeros días que cause baja por enfermedad y desde entonces hasta el vigésimo día, un 25%. El 15 de octubre se empieza a aplicar el artículo 9 del Real Decreto 20/2012 aprobado por el Gobierno. La norma permite que las Comunidades Autónomas complementen la diferencia de esta prestación que corre a cargo de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% de la retribución siempre que esté “debidamente justificado”.
Desde que en el mes de julio se conoció el decreto algunas secciones autonómicas de sindicatos como UGT y CCOO han estado negociando con sus Administraciones para intentar que se cubran los topes máximos de las prestaciones. Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat de Cataluña asegura que este nuevo recorte implica que los trabajadores públicos “pasarán a estar en el rango bajo de protección por enfermedad, mientras que el 62% de los convenios colectivos del sector privado contemplan una cobertura de hasta el 100% del salario en caso de incapacidad temporal.
El Gobierno catalán, por poner un ejemplo, solo mantendrá las prestaciones a las mujeres embarazadas, las víctimas de violencia de género y los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral, pese a que el decreto considera “debidamente justificados” los casos de hospitalización e intervención quirúrgica.
Los sindicatos lamentan que el decreto no tenga en cuenta a los colectivos más expuestos a los contagios, como los médicos, enfermeras, maestros y profesores. Esto puede acabar provocando que se acuda al lugar de trabajo con virus o sin estar en condiciones para que el sueldo sea reducido.
Ninguno de los colegios de médicos ha hecho mención a este problema laboral de los médicos.
