Alfonso González
Una de las primeras Mesas de Trabajo de la III Convención de la Profesión Médica de la OMC tenía el título “Conflicto de interés en la Profesión Médica”. En la Mesa participaban:
- Dr. Rogelio Altisent Trota. Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza
- Dr. Pedro Trillo Parejo. Presidente COM Ourense
- Dr. Fco. Javier de Teresa Galván. Presidente COM Granada y exPresidente del Consejo Andaluz de Médicos
- Dr. Miguel Vilardell Tarrés. Presidente COM Barcelona
- Dr. Cosme Naveda Pomposo. Presidente COM Bizkaia
- Dr. José Antonio Herranz Martínez. Presidente COM Castellón
- Dr. Manuel Gómez Benito. Presidente COM Salamanca
Ente el Dr. Javier de Teresa y el Dr. Vilardell, principal ponente, expusieron de manera clara y concisa la necesidad de llegar hasta el final en la persecución del fraude en las investigaciones científicas dirigidas por médicos, denunciando incluso a los profesionales que sean capaces de afirmar beneficios de laboratorios que financian las investigaciones sin mencionar los posibles “conflicto de intereses” que se generan a ser el laboratorio financiador parte del estudio que le genera rentas económicas al propio investigador.
De una manera muy aséptica las exposiciones y las preguntas se centraron en los médicos investigadores y no hicieron ninguna mención de la deontología y conflicto de intereses de los propios colegios de médicos y de los propios presidentes de los colegios hasta que una de las preguntas del público incidió directamente en uno de los temas más candentes de los últimos años: ¿puede un presidente cobrar y formar parte del Consejo de Administración de una compañía que promociona seguros entre sus colegiados?. La negativa respuesta fue aplaudida por todos los dirigentes.
Una de las votaciones realizadas en la sala dejó en evidencia que existe la necesidad de regular deontológicamente los conflictos de intereses. El 90% de los asistentes (dirigentes de todos los colegios de España) afirmaron que es necesario crear un código deontológico que regule los conflictos de intereses.
