La colegiación vuelve a ser obligatoria en Andalucía

Lola Granada
Después de diez largos años el Tribunal Constitucional ha resuelto a favor de la colegiación obligatoria en el conflicto que estaba abierto entre el Gobierno central y el Gobierno andaluz. El Gobierno presidido por José María Aznar presentó el recurso en 2002  contra el artículo 30 de ley autonómica 15/2001, de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas, que eximía de la colegiación obligatoria a los médicos que trabajaban en exclusiva para la sanidad pública como “personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía”.

El Tribunal constitucional ha afirmado que la norma dictada por el Gobierno presidido por Manuel Chaves estableció “una excepción no contemplada en la ley estatal de colegios profesionales” y “siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los intereses generales que pueden verse afectados”.

El Dr. Martínez Amos, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha declarado que con la vuelta» a la colegiación obligatoria “habrá un control más serio y eficaz de que los sanitarios que están ejerciendo sean auténticamente profesionales titulados y correctamente preparados”.

En contraposición la Consejera de Salud y Bienestar, María José Montero ha dejado entrever que existe la posibilidad de interponer un posible recurso al anteproyecto de Ley de Servicio Profesionales en el que está trabajando el Ministerio de Economía y Competitividad. Montero reprochó al Gobierno central de “estar utilizando la vía excepcional» para «volver a consignar la obligatoriedad de la colegiación para los profesionales sanitarios”.

Extremadura, Asturias y Canarias
Extremadura, Asturias y Canarias son las otras comunidades que mantienen una colegiación libre y que, por tanto, también están afectadas por esta resolución, y no será necesario esperar para que tengan que aplicar la actual resolución del Tribunal Constitucional.

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