El desarrollo de la vida política crea a veces situaciones verdaderamente paradójicas o extrañas, como la que tiene que afrontar el nuevo Gobierno del PP, que debe hacer frente a una situación tan delicada como la de gestionar y decidir sobre una ley que, en su día, recurrió ante el Tribunal Constitucional: la Ley del aborto.
Los datos sobre el desarrollo de los primeros diecisiete meses de vigencia de la “Ley-Aido” facilitados recientemente por el antiguo Ministerio de Sanidad, como ya se informó debidamente, señalan un incremento del 1,3% de la cifra de intervenciones en los casos de IVE. Que, para un periodo tan corto, representa un incremento demasiado significativo para pasarlo por alto. Porcentaje que se agrava si se tiene en cuenta que se produce, además, con el hecho de haberse expedido más de 700.000 píldoras postcoitales, así como el incremento de un 3% de los abortos realizados por menores sin consentimiento familiar.
Los fríos datos siguen teniendo respuestas en muchos ámbitos, hasta que los médicos del servicio público de salud de La Rioja, Baleares y Extremadura han decidido que no quieren practicar abortos y están postulándose como objetores de conciencia. Es el momento de que los políticos no se dejen llevar por los lobbys de opinión, que se comprometan públicamente con la vida humana desde su comienzo.
El informe oficial aporta y clarifica con más datos la urgencia de la toma de decisiones que reconduzcan positivamente esta irrefutable realidad: el 22% de las mujeres que abortan están en paro, el 68% son solteras y el 40% extranjeras. Cifras que adornan la corona de los 113.031 IVE realizados en 2010, que suponen el hecho de que en los últimos diez años -2001/2010- el porcentaje de abortos casi se haya duplicado al haberse pasado del 7,66% al 11,49%.
El Partido Popular se ha manifestado en claro desacuerdo con las actuales disposiciones que regulan la materia y ya está planteándose su reforma de acuerdo con el contenido de su programa electoral, preparándolas con urgencia, que debe acompasarse dando prioridad a las necesidades de las principales preocupaciones que tienen nuestro país y los ciudadanos hechas suyas desde el primer momento por el nuevo Gobierno.
Las líneas de actuación del proyecto de reforma de la ley del aborto tiene varios puntos esenciales:
- Modificar los artículos de la actual Ley que hablan de la educación sexual en la escuela
- Evitar la posibilidad de que los abortos entre las menores de 16/17 años puedan realizarse sin permiso paterno.
- Regular adecuadamente la adquisición de la conocida píldora postcoital para que tenga que adquirirse siempre con la oportuna supervisión médica.
- Procurar que el futuro médico, durante su formación académica, aprenda a practicar únicamente los abortos espontáneos.
- Evitar que los médicos objetores, a lo largo de su carrera profesional, se puedan ver implicados en algún caso de aborto.
El tiempo dirá cuanta importancia le da el nuevo Ejecutivo a esta ley, pero no tiene previsto eliminar el aborto en España, solo regularlo a su conveniencia.
