La OMC calcula que el número de profesionales de la medicina que emigran de nuestro país tratando de encontrar estabilidad laboral supera los 1.300. Su trascendencia y realidad es una muestra de preocupación si se analizan las motivaciones que suelen aducirse: temor a los duros tijeretazos que las autonomías españolas, todas sin excepción, se verán obligadas a plantearse y realizar como consecuencia de la delicada situación económica y el déficit presupuestario en que España, igual que muchos países, se encuentra.
Es un problema que el nuevo Gobierno debe estudiar a fondo para evitar tanto la temible “fuga de cerebros”, especialmente de los más jóvenes, como los problemas que pueden presentársele a la asistencia sanitaria –pública y privada-, cuestión particularmente preocupante en la Comunidad de Cataluña.
El contínuo fluir de noticias sobre la sanidad que reiteradamente aparecen en todos los medios informativos, no hacen nada más que causar preocupación y desasosiego en los ciudadanos y en los profesionales sanitarios. Concretamente el anuncio del nuevo Presidente, Mariano Rajoy, de promulgar una ley de servicios básicos de salud no ha hecho nada más que levantar recelos porque se teme que con ella se inicie el camino de los recortes en nombre de la necesaria definición de la cartera asistencial común. Sus palabras han sido suficientemente claras “Para hacer más eficiente y sostenible el sistema sanitario español, acometeremos las reformas necesarias para mejorar la accesibilidad, eliminar la burocracia y ganar eficiencia en la gestión”. El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre es el que regula actualmente tanto la cartera actual de servicios del Sistema Nacional de Salud, como el procedimiento para su actualización.
El analista Jaime Prats comenta en el diario El Pais que el escenario futuro de nuestra Sanidad podría ser el de una sociedad dual, con unos ciudadanos acogidos a este paquete básico público y otros, con mayor poder adquisitivo, resguardados bajo sus seguros privados –hay diez millones de españoles con pólizas-. Una sociedad democrática y mínimamente sana no aguantaría que se retiraran perstaciones. El exSecretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, también cree que el catálogo de servicios puede ir a la baja, excluyéndose prestaciones que no se consideren básicas.
