2700 científicos piden dejar de investigar con células madre embrionarias

El Gobierno español, a través del Banco de Líneas Celulares dependiente en última instancia del Ministerio de Sanidad, mantiene 29 líneas  celulares (cultivos celulares que tienen alta capacidad de multiplicarse in vitro) en centros de Andalucía (Banco Andaluz de Células Madre y Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa), Barcelona (Centro de Medicina Regenerativa) y Valencia (Centro Príncipe Felipe).  Este tipo de proyectos de investigación tienen dos problemas; el primero es que la investigación con células madre embrionarias está obsoleta y se ha demostrado absolutamente ineficiente y sin resultados terapéuticos, después de 10 años de trabajos; el segundo problema es que los proyectos de investigación con células madre embrionarias contravienen la legislación europea y no podrán ser patentados de acuerdo con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo de octubre de 2011.

“Hemos solicitado al Ministerio de Sanidad un cambio de rumbo en la investigación biomédica española, de manera que los recursos se dediquen a proyectos eficientes, como los que utilizan células adultas o a células IP’s (células madre pluripotentes inducidas, capaces de generar la mayoría de los tejidos); esta solicitud ha sido realizada por 2. 700 profesionales, científicos e investigadores de diversos ámbitos sin que hayamos obtenido respuesta alguna”, declara Teresa García-Noblejas, secretaria general y de comunicación de Profesionales por la Ética. La solicitud se ha presentado formalmente al Ministerio de Sanidad mediante el Manifiesto 25 de marzo, por una investigación biomédica eficiente, respetuosa con el ser humano y adecuada a la legislación europea. 

El siguiente paso va a ser solicitar al Ministerio de Sanidad que explique el coste de las investigaciones que utilizan embriones humanos en proyectos de investigación con financiación pública y los resultados reales de estos proyectos. “No podemos permitirnos dedicar recursos públicos a macroproyectos que no tengan resultado alguno desde el punto de vista terapéutico y encima contradigan la legislación europea”, ha concluido García-Noblejas.

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