Isabel González
El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de Madrid, Ramón Soto-Yarritu y el Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, han concretado un convenio de colaboración para favorecer la buena práctica en las prestaciones odontológicas y mediar en las reclamaciones que interponen los pacientes sobre las clínicas en las que son atendidos. También se ha suscrito un acuerdo para facilitar trámites en la creación de nuevas clínicas dentales, “Con estos acuerdos, se conseguirá mejor respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos en relación con las prestaciones odontológicas, y se favorece que las renovaciones de autorización de las clínicas dentales se realicen con más diligencia”, ha explicado Lasquetty. Esto se introducirá fortaleciendo la información sobre las autorizaciones de funcionamiento necesarios al constituir los centros así como un protocolo en el que se distribuyan con tiempo (al menos tres meses), un recordatorio para la renovación de la autorización de funcionamiento.
Son ya un total de 3.701 clínicas de odontología en la Comunidad de Madrid, el 38% del total de centros sanitarios autorizados, según datos de la Dirección General de Ordenación e Inspección.
La medida, en virtud del convenio, se realizará a través de la Consejería de Sanidad, la cual mediante la Dirección General del Paciente, será intermediario entre las quejas de los pacientes, que a su vez serán remitidas al Colegio de Odontólogos que ofrecerá asesoramiento técnico a estos usuarios. En 2012 fueron autorizadas las constitución de 182 nuevas clínicas dentales y se renovó a 539, declarando 20 para su cierre.
En el trascurso del 2012 se recibieron 400 reclamaciones con apertura de expediente de clínicas dentales, la mayoría de ellas relacionadas con el intrusismo profesional. Durante su resolución hubo una mediación con la clínica para resolver el problema (el 45% resuelto con éxito). Se ha notado, “un aumento notable de las reclamaciones vinculadas a las clínicas franquiciadas”, las cuales son dirigidas por personas que no son odontólogos profesionales, explica Soto- Yarritu.
También se buscará que las clínicas cumplan los requisitos de funcionamiento y si no es así, se suspenderá su actividad a requerimiento de un inspector mediante un acta, pudiendo retomar su actividad al acreditar la solución de dicho problema, según argumenta Paloma Martín, titular de la Dirección General de Ordenación e Inspección.
Según palabras del propio presidente del Colegio de Odontólogos, “con la crisis económica, la salud bucodental ha dejado de ser una prioridad para los ciudadanos”.
