Lola Granada
La última sesión de control al Gobierno que, normalmente, se celebra los miércoles en la Cámara Baja, ha entrado también en el análisis del tema de la colaboración público-privada en la Sanidad, que tanto revuelo mediático está generando en la sociedad hasta ser el principal el principal móvil de casi todas las mareas blancas que últimamente se han producido en Madrid. Esta cuestión se ha criticado y denostado hasta más allá de los límites.
La crítica ha llegado a tal extremo, que la propia Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha tenido que salir al paso para recordar y puntualizar que este tema no supone ninguna novedad. Es más, puntualizó, siempre se ha dado y con bastante éxito. El ejemplo lo tenemos en la propia Ley General de la Sanidad de 1986, aprobada en la etapa de gobierno socialista, así como en las leyes posteriores que la han desarrollado. En ellas, esta modalidad se contempla como una buena opción que favorece el desarrollo económico de nuestro SNS.
Como ejemplo significativo de ello citó el hecho de que en la Comunidad Andaluza se está funcionando desde hace bastante tiempo con este criterio. De los 45 hospitales que están en funcionamiento, solo 25 son gestionados directamente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
¿A qué viene extrañarse con tanta alarma que la Comunidad de Madrid quiera buscar esta colaboración público-privada para seis de sus hospitales públicos y varios Ambulatorios?
Esta colaboración es positiva, el problema es que debe ser colaboración y no imposición
Una realidad que debe hacer pensar con mayor criterio a tanto instigador de que la idea de recurrir a esta colaboración no es positiva.
