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La aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto

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Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebran esta semana en Santander. 
 
En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España,  tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.

El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES),  que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’.

Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.

En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.

En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia.

Pero no es el único dato o fenómeno revelador relacionado con la dependencia que ha visto la luz en estas XXXIII Jornadas de Economía de la Salud: desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes.
 
Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.
 
El estudio, difundido en las XXXIII Jornadas de AES, establece  que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos son Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.
 
Coste y problemas de los cuidadores
Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales: sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados.
 
Los cuidadores informales son aquellos que no son profesionales de la atención, pero que dedican tiempo a la asistencia a dependientes, en una figura que fue reconocida en la Ley de Dependencia.
 
El estudio elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha trata de determinar el coste de estas funciones, teniendo en cuenta factores como cuánto supondría que lo prestaran profesionales de la asistencia a domicilio o el coste de oportunidad de las actividades económicas que estos cuidadores informales dejan de realizar.
 
Según este trabajo, el número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349. La investigación aplica una serie de cálculos económicos para llegar a la conclusión de que esto estaría valorado entre 21.717 euros y 52.004 euros.
 
Las conclusiones de este estudio pueden servir para diseñar políticas de apoyo a los cuidadores informales.
 
La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de  pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas: un 22,3% tiene problemas económicos y unos 78,4%, familiares.
 
Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente.
 
La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un  14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.
 
Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más  en los grados de mayor dependencia.
 
Es el resultado de un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha que, en sus conclusiones, aboga porque se tengan en cuenta estos factores a la hora de orientar las políticas de apoyo a la atención a la dependencia en el entorno familiar.
 
Empleo y discapacidad
Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.
 
Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.
 
Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
 
Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.
 
Y por otro lado, expertos de la Facultad de Economía de la Universidad de Cantabria apuestan porque el empleo de las personas con discapacidad tenga en cuenta sus preferencias para un mejor desarrollo, por lo que recomiendan una política específica y no generalista.
 
Esta falta de adaptación a sus preferencias debe incluir, por ejemplo, la posibilidad de medias jornadas, que les permitan dedicar tiempo a su propia atención sanitaria, y que los trabajos se centren en áreas en los que puedan sentirse cómodos para evitar los bajos índices de participación laboral existentes en este colectivo.