Alfonso González
Javier Fernández-Lasquetty ha informado que la Consejería de Sanidad ha adjudicado la gestión indirecta de seis hospitales de la región para los próximos 10 años. Las compañías Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas gestionarán los hospitales a partir de septiembre si todo sale como está previsto, lo que supondrá un ahorro anual estimado 169 millones para la Comunidad de Madrid. Estos seis hospitales son centro de referencia para 1.150.000 madrileños y tienen un coste de 702 millones anuales para la Comunidad.
Lasquetty también ha dicho que la transparencia ha sido la principal característica de este proceso y que los usuarios de la sanidad no notarán nada porque “los hospitales seguirán funcionando igual hasta septiembre y después de septiembre”. Entre otras cosas ha anunciado que las tres empresas adjudicatarias se han comprometido a ampliar en horario de tarde las consultas e intervenciones con el objetivo de lograr sistemas ágiles para tratar a los pacientes, a la vez que harán un seguimiento telefónico posterior al alta de las urgencias.
Por otro lado cada una de las empresas, ha anunciado Lasquetty, se ha comprometido a ampliar camas o servicios, además tiene que asumir las 5.200 personas que forman el personal sanitario que presta sus servicios en estos hospitales, garantizando sus puestos de trabajo. El personal estatutario con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital con cargo al SERMAS, pedir una excedencia o integrarse en la plantilla de la nueva concesionaria pasando a una situación de excedencia especial.
El proceso de externalización de estos seis hospitales ha supuesto un desgaste muy grande para toda la sanidad madrileña que ha sufrido un enfrentamiento completo entre el poder político y todas las asociaciones, sindicatos, instituciones profesionales. Estos hospitales constituyen centro de referencia para cerca de 1.150.000 madrileños y este proceso supondrá, según la Comunidad, un ahorro anual de 169 millones de euros.
Recursos judiciales
La Comunidad de Madrid ha seguido adelante con el proceso a pesar de los recursos judiciales presentados por el Partido Socialista, UPyD, Afem y Amtys y los casi 8 meses de protestas, de huelgas y de manifestaciones de los profesionales que siempre se han mostrado contrarios por considerarlos una cesión de negocio para empresas privadas.
La Comunidad de Madrid se ha mantenido firme en su decisión a pesar de la admisión a trámite de estos recursos, que no han supuesto ningún freno en el proceso de externalización porque las alternativas presentadas no han sido concretas ni adecuadas según la propia consejería.
