Lola Granada
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que llevaba prácticamente un año ultimando y negociando con los estamentos implicados. El proyecto trata de eliminar las barreras de acceso y fomentar la competencia en determinados ámbitos profesionales. Es un tema que además viene apoyado por Bruselas que quiere eliminarlos desde hace tiempo.
El proyecto permitirá la colegiación obligatoria exclusivamente en ciertos ámbitos como los servicios médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos-optometristas y podólogos, los técnicos y los jurídicos, pero bajo unas pautas de muy claras que impliquen unas condiciones de transparencia que hasta ahora no se dan, incluyendo unas fuertes incompatibilidades entre cargos colegiales, políticos, sindicales, universitarios, etc. También se exigirán unos códigos de buen gobierno con acceso a su información contable, contar con un código deontológico nacional y unas potestades disciplinarias independientes, también se incluyen restricciones a cualquier modelo de contratación de familiares. Otro punto esencial es la identificación y separación de los servicios obligatorios de los voluntarios con cuotas diferentes. El proyecto también especifica que los cargos directivos no tendrán derecho a remuneración.
Uno de los principales objetivos de la colegiación obligatoria será disponer de un servicio de certificación de profesionales para conocimiento de los propios profesionales y consumidores en completa sintonía con la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
El propio Luis de Guindos, ministro de Economía, ha justificado, además de por cuestiones de competencia y transparencia, la importancia del proyecto de Ley porque estos segmentos suponen un 9% del PIB, un 6% del empleo y un 30% del empleo universitario total. El impacto económico esperado del proyecto de Ley de Servicios Profesionales superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros.
