Lola Granada
Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están demostrando que son capaces de llevar la pelea política a cualquier sector si eso supone avanzar en intención de voto o “cercenar” al adversario, sin importar las consecuencias que puedan tenerse.
La política sanitaria de los últimos meses en Madrid ha estado marcada por las protestas de grupos de profesionales por el plan privatizador del partido del gobierno, el PP en este caso. Desde el PSOE se ha “azuzado” todo lo que se ha podido para “resquebrajar” la confianza en los dirigentes de la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta la historia o lo que sucede en otras comunidades.
O al menos eso es lo que esgrime el PP, que ha acusado al PSOE de “demagogia” y de “mantener silencio” sobre la gestión privada de varios hospitales de la Comunidad Madrid que comenzó bajo la política sanitaria de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por un lado Mario Mingo, diputado Popular, ha asegurado que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se respeta la ley y que ya en 1997 se firmó un acuerdo con la posibilidad de utilizar “distintas” herramientas de gestión para mejorar el sistema sanitario. Por otro lado José Martínez Olmos, diputado socialista y ex-secretario general de Sanidad, ha hecho hincapié en la falta de apoyo público que ha tenido el PP en su política sanitaria como ha visto en las “numerosas” manifestaciones de oposición, especialmente en Madrid, poniendo la gestión de diferentes hospitales públicos “en manos de empresas privadas”.
Desde el PP ven con tan malos ojos que se dé pábulo a las manifestaciones y protestas de Madrid como desde el PSOE que se recuerde que en Andalucía dos tercios de los hospitales andaluces son privados o concertados con el Servicio Andaluz de Salud (hay 29 hospitales de titularidad y gestión públicas, 17 privados concertados con la administración y 42 totalmente privados).
En el horizonte parece haber mucho más una política de “intención de voto” que una política sanitaria. Más que falta de coherencia parece haber intereses diferentes a los de los ciudadanos.
