Lola Granada
El auto de paralización del proceso de externalización del magistrado Carlos Gómez tiene luces, pero también ciertas sombras en su desarrollo. Por una lado está bien fundamentado jurídicamente y con un razonamiento adecuado y conforme, pero por otro lado se extralimita en sus apreciaciones incluyendo unas opiniones que quizá no sean convenientes o apropiadas, especialmente en un proceso donde la injerencia con motivaciones políticas está mostrando que tiene un peso muy fuerte.
Parece “rotunda” la fundamentación esencial del auto que dice que “es evidente que la puesta en marcha de este proceso provocará, a buen seguro, un importante fenómeno de dispersión del capital humano afectado por el mismo, cuya recomposición en el futuro resultaría inviable por razones obvias”. Solo con esto puede parecer que tiene sentido la suspensión cautelar hasta la última resolución judicial, porque una vez comenzada la externalización no parece fácil que se pueda dar marcha atrás el proceso y volver al estado inicial, y sin esto ¿qué sentido tiene el podible fallo del juicio? Después de un año de juicio no habrá marcha atrás posible.
Por otro lado, el propio magistrado se contradice a sí mismo. Es capaz de afirmar que quiere estar “al margen de posicionamientos ideológicos”, pero esgrime argumentos opinables con el mismo criterio que el PSOE, una de las partes implicadas esencialmente en todo el proceso, como que “existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro” o que “no se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia”. Ambas afirmaciones parecen opiniones y no es el auto el mejor ámbito para mostrarlas.
¿Cuál es el final del proceso judicial?
A pesar de las manifestaciones de las partes, tanto Afem y PSOE por un lado y la Consejería de Sanidad por otro, son conscientes de que el auto traslada el problema al TSJM (Tribunal Superior de Justicia Madrileño) porque el recurso a la suspensión cautelar pasa a sus manos en caso de que se realice. La realidad es que el TSJM es un tribunal superior y por tanto podría dejar sin efecto la suspensión cautelar decretada.
Ninguna de las partes puede asegurar que es lo que hará el TSJM, aunque lo que parece difícil es que vaya contra un proceso con el que ya se ha manifestado a favor, como muestran sus actuaciones del mes de julio.
