El 1 de octubre entra en vigor la resolución por la cual se tendrá que pagar un 10% de los medicamentos que se dispensan a pacientes no hospitalizados hasta un máximo de 4,2 euros. Se recogen hasta 157 medicamentos destinados a varias enfermedades crónicas, entre las que se encuentran procesos oncológicos, víricos o de diagnósticos incluidos. Sin embargo de este copago quedan excluidos los medicamentos de los pacientes ingresados en los centros hospitalarios.
Los pacientes tendrán que volver a “rascarse el bolsillo” ante esta nueva modificación “de las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario”.
Esta medida ya anunció hace unos meses y son las Comunidades Autónomas las que tienen que ponerla en vigor.
La primera dificultad está en los problemas de gestión que pueden derivarse de esta medida porque las oficinas de farmacia de los centros sanitarios no disponen de los procedimientos necesarios para hacer los cobros y todo su seguimiento anterior y posterior a la dispensación.
Reacciones en contra
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ya ha denunciado que la nueva medida del Ministerio es una “agresión más” para los que menos tienen y han explicado que se trata de “una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos”, lo que genera el “aumento de la morbilidad y de la mortalidad” en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud.
Por su parte Trinidad Jiménez, secretaria socialista de Política Social, ha afirmado que es una medida “inhumana”, y que “el Gobierno se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables”
..Lola Granada
