Desde la Comunidad de Madrid ya se admite que las empresas adjudicatarias de los seis hospitales de Madrid que tienen previsto privatizar su gestión -Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez)- no tienen posibilidades de entrar en los centros hasta 2014 por culpa de la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Todo el empeño puesto por el presidente Ignacio González y el consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty no es suficiente porque hay que resolver los 9 recursos pendientes presentados por sindicatos, asociaciones médicas y partidos políticos. Por tanto las empresas no podrán entrar en los hospitales a pleno rendimiento, probablemente hasta mediados de 2014. También hay que tener en cuenta el retraso por la recusación contra Francisco Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que el PSOE ha anunciado.
La lucha por la privatización en Madrid tiene en vilo a miles de profesionales que no saben cuál será su futuro. Por un lado los distintos colectivos que han recurrido el proceso consideran que hay una cuestión ideológica detrás de las privatizaciones y que no es posible conseguir el ahorro que está previsto, que el servicio a los pacientes será recortado y que las condiciones laborales de los médicos serán peores, y por otro lado la Comunidad anuncia que es la única forma de sostener un sistema que tiene la “caja vacía” por la crisis del sistema financiero que arrastra a toda España.
Por su parte las tres empresas adjudicatarias, Ribera Salud (Arganda y Vallecas), Sanitas (Coslada) y Hima San Pablo (hospitales de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes), se mantienen a la espera de las resoluciones judiciales, pero ya han mostrado de manera muy suave su malestar y dudas ante la dilatación de los tiempos.
Todavía hay 9 recursos pendientes en los tribunales madrileños y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fue el órgano que detuvo finalmente el proceso. También hay 2 recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional, otro ante la Comisión Nacional de la Competencia y el último ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea. También hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
..Alfonso González
