La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha rechazado el recurso presentado por una mujer, que padece una fístula vesicovaginal tras un parto, contra la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y su compañía aseguradora de la responsabilidad sanitaria. La paciente ingresó en el hospital cuando estaba en la semana 42 de gestación. En la documentación de la gestante aparece el documento de consentimiento informado (CI) para el parto firmado. El texto recoge la posibilidad de realizar la extracción fetal mediante cesárea si “aparece alguna complicación”, así como el uso de fórceps o ventosa. Además, incluía la siguiente advertencia: “Por la expulsión fetal en ocasiones pueden originarse desgarros y hemorragias de los órganos pélvicos y del pariré, que precisen intervención quirúrgica”. En el caso juzgado hubo que acudir al uso de fórceps, “puesto que se había completado la dilatación y el feto se encontraba en el III plano de Hodge”. Es decir, se debió abreviar el periodo expulsivo para evitar el sufrimiento fetal. (Diario Médico)
