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Dudas y desconfianza de los pediatras con el calendario vacunal único

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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha inaugurado en Madrid el 11º Curso de Actualización en Pediatría bajo el lema “La alegría de seguir aprendiendo”. El curso, que se ha convertido en una cita obligada para los pediatras de AP de nuestro país, reúne en esta ocasión a más de 700 pediatras de centros de salud españoles y cuenta con más de 60 actividades y ponentes y moderadores de prestigio nacional.

En el marco de esta reunión, los pediatras han puesto de manifiesto su oposición al calendario vacunal único recientemente implantado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La AEPap ha mostrado su disconformidad con el contenido y la aplicación de un calendario que considera “de mínimos” y que no cuenta con las recomendaciones de los especialistas ni las consideraciones técnicas hechas por la propia Ponencia del Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio.

La principal crítica que hace la AEPap, que apuesta por un calendario “avanzado y actualizado”, es que el calendario vacunal único no incluye la vacunación frente al neumococo y la varicela, dos vacunas que han pasado de estar financiadas para todos los niños en algunas comunidades a tener que ser pagadas por los padres o directamente a no estar disponibles en las farmacias. La ausencia de la primera, que ha demostrado claramente su eficacia, señala Carlos Valdivia, vicepresidente de la AEPap, es “lesiva para la salud infantil española. Hay que recordar que España y Portugal son los únicos países de la Europa occidental y del norte que no la tienen incluida en el calendario de vacunación infantil”. Según este experto, “las medidas de ajuste presupuestario han contribuido a que se proponga un calendario vacunal único que no mejorará la salud de los niños españoles”.

Los pediatras consideran que la no inclusión de la vacuna del neumococo (en algunas comunidades incluso se ha retirado cuando en años anteriores sí estaba incluida) no responde a una razón médica, ya que hay resultados de salud publicados favorables y no ofrece problemas de seguridad, y que “no se conoce el impacto social, y sanitario que se puede ocasionar” con esta medida.

De hecho, los estudios demuestran tanto el efecto protector directo sobre los vacunados como el indirecto ocasionado por la inmunidad de grupo, al disminuir la circulación de los serotipos vacunales. Por eso, Carlos Valdivia cree que “lo único que consiguen estas medidas es generar dudas, confusión y desconfianza en la población sobre una medida tan eficaz para prevenir enfermedades, algunas de ellas graves”.

Retirada y desabastecimiento de la vacuna de la varicela
Algo similar ocurre en el caso de la vacuna contra la varicela, que ha sido retirada en Madrid. Según datos de IMS Health España, entre 2008 y 2012 se distribuyeron, por prescripción médica, un total de 1.114.023 dosis de la vacuna. Con ese número de dosis, se vacunó a más de 716.000 niños y se evitaron cerca de 125.000 casos cada año y alrededor de 6.000 hospitalizaciones en total (el 1% de los casos).

De hecho, los pediatras de la Asociación Madrileña de Pediatría de AP (AMPap), han enviado una carta al director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid mostrando su indignación “no solo porque no se haya contado con ellos para elaborar el calendario, sino porque ni siquiera se ha avisado a los profesionales de las medidas restrictivas que este impone”, como señala Jaime García Aguado, presidente de la AMPap. Los pediatras están en desacuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de desfinanciar la vacuna antivaricela a los 15 meses porque, aseguran, supondrá un empeoramiento en la salud de los niños, que pueden volver a padecer una enfermedad cuya incidencia había caído drásticamente desde la instauración de esta vacuna en 2006.

“Hay que recordar que la varicela, aunque generalmente sea leve, no está exenta de riesgos”, ha destacado García Aguado en la rueda de prensa. En España, se estima que antes de que la vacuna estuviera disponible se daban entre 1.000 y 2.000 ingresos anuales por su causa -de los que más del 50% eran en menores de cinco años- y entre cinco y catorce muertes anuales. También las hospitalizaciones han disminuido en las regiones donde se incluyó la vacunación universal a los 15-18 meses de edad respecto a aquellas que lo hacen a los 10-14 años.

Según los pediatras de Atención Primaria, los supuestos riesgos que en ocasiones se relacionan a esta vacuna, como el desplazamiento de la enfermedad a la edad adulta, no han sido comprobados, mientras que sus beneficios sí han sido confirmados en estudios recientes, que indican que la vacunación se asocia con una disminución de la mortalidad en todas las edades. De hecho, la European Medicines Agency (EMA) la mantiene autorizada.

“Vacúnale, protégele”
Como muestra de su compromiso con la prevención de enfermedades, la AEPap ha presentado el Decálogo de las Vacunas bajo el lema “Vacúnale, protégele”. Se trata de un documento que pretende concienciar a los padres y a los niños sobre la importancia de vacunarse para protegerse frente a virus y bacterias que pueden causar enfermedades graves.

El documento informa sobre algunas de las enfermedades que previenen las vacunas y desmonta algunos mitos o falsas creencias que se han dicho sobre ellas, ya que se encuentran entre los productos más seguros usados en medicina y solo se aprueban después de haber sido sometidas a rigurosos controles y estudios. Los pediatras de AP recogen en este decálogo cómo las vacunas han colaborado en la erradicación y control de enfermedades como la viruela o la polio. Además, en contra de lo que en ocasiones se piensa, la mayoría de los efectos adversos que puedan tener son benignos, transitorios y fácilmente controlables.

Además, previenen algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas -como la cirrosis, el cáncer de cuello de útero y tienen un efecto protector en personas no vacunadas.

Por todo ello, los pediatras recuerdan que las vacunas son un derecho básico y por tanto no debe negarse o limitarse su acceso a la población en base a criterios que no sean médicos, ya que su eficacia y seguridad están suficientemente demostradas.