La Comisión Europea ha reconocido, por fin, que la sanidad española es sostenible y eficiente. Luchar contra un descubierto de 16.000 millones de euros y afrontar objetivamente los numerosos problemas que le impedían desenvolverse con la normalidad que requiere la prestación de servicios habituales en cualquier sistema sanitario de salud, fue la tarea que desde el principio se propuso afrontar el Ministerio de Sanidad, diseñando para lo cual en julio de 2012 un reforma sanitaria que ha supuesto como primera medida, un ahorro de 5.100 millones de euros. Reforma que según comenta la Comisión Europea, camina en la buena dirección.
Varias han sido las claves de este trabajo, desde la introducción de los copagos en relación directa con la renta de los ciudadanos; la actualización de los precios de referencia en los medicamentos; la centralización de la compra de algunas especialidades como las vacunas y el control exhaustivo de la expedición de la tarjeta sanitaria como factores más importantes de este reconocimiento, según el informe facilitado por Luxemburgo, país encargado por Bruselas para realizarlo.
El criterio del Ministerio de “vigilar estrechamente” la expedición de la tarjeta sanitaria ha resultado básico, dado el derroche económico que por esta vía tenía nuestro SNS debido al uso y el abuso que de ella hacían las personas enclavadas en la migración ilegal, dada la facilidad de asistencia universal que este documento tiene al reconocer a cualquier persona que la posea.
Según reconocía el consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echániz, nadie dudaba en tomar cualquier patera que le pudiera dejar en España para adquirirla y tener acceso directo a determinados servicios públicos, entre los que están la sanidad, educación y otras ayudas sociales, con la consiguiente carga para el Estado.
Las cifras no dejan lugar a la duda, y es que a fecha de 1 de enero de 2012, según el censo oficial del INE, en esa fecha había en España 408.142 personas de otros países con estancia no regularizada, de los cuales 306.477 eran ciudadanos de la UE que no se habían inscrito en los Registros oficiales correspondientes, a los que había que sumar otros 13.481 ciudadanos miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto suponía que solamente hubiera según estas cifras 88.184 personas potencialmente incurriendo en la infracción del art. 53.1.a) de la LOEX, es decir los vulgarmente conocidos como “sin papeles”.
Medida que la UE ha valorado como una de las más eficaces por sus resultados específicos para la reducción general de usuarios y la disminución de los gastos hospitalarios y farmacéuticos que han llevado directamente a la reducción del gasto en solo dos años de la citada cifra de 5.100 millones de euros.
Respecto a la disminución del gasto de farmacia, según datos del propio Ministerio de Sanidad, ha influido también en este ahorro la política y la compra centralizada de medicamentos como las vacunas y la también citada de fijación de los precios de referencia de medicamentos que se ha realizado con las empresas farmacéuticas, sin olvidar otras como la introducción de la receta electrónica unida a la realización de las historias clínicas digitalizadas que llevan a que diversos centros hospitalarios puedan compartir pruebas.
Según parece, hasta un 70% de las recetas son ya electrónicas y existen 20 millones de historias clínicas digitalizadas. Una cifra que aumentará pronto a medida que las comunidades autónomas que todavía no han podido realizarlas, entren en esta mecánica, casi rutinaria.
El exhaustivo control de la expedición de las tarjetas sanitarias que durante este periodo de dos años se ha realizado, ha permitido que se puedan dar de baja cerca de 900.000 de ellas, teniendo en cuenta igualmente que en este capítulo han entrado también los españoles que tienen una renta anual superior a los 100.000 euros, que por ley, no tienen acceso a ella.
Según comenta el director de la Cartera Básica de Servicios Asistenciales y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, que ha sido el encargado de exponer y defender en el Parlamento Europeo estas medidas tomadas en España, la Comisión Europea no solamente no ha puesto ninguna pega a esta medida de España de control y restricción en la expedición de tarjetas sanitarias, sino que valora en su justa medida los esfuerzos que en materia de Sanidad se han llevado a cabo para garantizar que los ciudadanos españoles puedan tener también acceso a la recepción de cuantos medicamentos necesitan. Ello no impide que se nos recomiende que se avance todo lo que se pueda en la informatización de las pruebas de diagnóstico, como radiografías, análisis, resonancias y que se facilite el que los enfermos crónicos deban ser trasladados a aquellos centros hospitalarios que les puedan prestar un mejor servicio, sobre todo pensando que cada vez nos encontraremos con una población más envejecida que deberá necesitar una asistencia sanitaria más frecuente y de mayor calidad.
Es la próxima asignatura pendiente sobre la que el Ministerio de Sanidad ya está trabajando desde varios frentes.
..Lola Granada
