El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid comenzó ayer a juzgar a los responsables de la venta del fármaco anticáncer Bio-Bac, a quienes se les acusa de dar “una expectativa irreal” a un total de 2.030 enfermos graves.
Bio-Bac fue un fármaco sin autorización sanitaria al que se le atribuían una serie de propiedades curativas contra el cáncer, artrosis o la hepatitis. Sería a partir de 2002 cuando comenzó a considerarse ilegal y el Ministerio de Sanidad decidió paralizar su venta. Los acusados son Rafael C.P.; Consuelo S.B.; Enrique M.O. y Miguel E.G., todos ellos por delitos contra la salud pública y un delito relativo a los consumidores por el registro, distribución y venta del Bio-Bac.
Fue puesto a disposición del público en 1997 como medicamento destinado a la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con síndromes de inmunodeficiencia, autoinmunidad, procesos neoplásicos y enfermedades articulares degenerativas, entre otras. La venta, según el fiscal, ocasionó un evidente peligro para las personas que lo consumieron, en total 2.030 en toda España. La mayoría aquejadas de cáncer, hepatitis, sida y enfermedades degenerativas.
El caso comenzó en 2002, con la detención de 23 personas, de las que 13 eran médicos. Fueron acusados de vender a enfermos graves este fármaco. El principal acusado es Rafael C.P., que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y medio de cárcel como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro contra los consumidores y una multa de 295.000 euros. Al darse a conocer el caso Rafael acusó a Sanidad de estar detrás de lo que para él era un complot en el que incluía a la industria farmacéutica.
En el escrito de acusación el fiscal expone como en un laboratorio de Madrid se fabricaba el fármaco, a pesar de ser un laboratorio “autorizado únicamente para elaborar productos veterinarios”. El producto elaborado en los laboratorios IVEN era enviado a una finca propiedad del principal acusado (Rafael C.P.), donde personas del servicio doméstico y sin preparación acreditada en manipulación de fármacos se encargaban del envase, etiquetación y almacenamiento.
Para la versión inyectable de Bio-Bac , en el proceso de elaboración se disponía de una máquina encapsuladora que no ofrecía las mínimas condiciones de asepsia, lo que conllevaba un peligro de contaminación, como en efecto acabaría pasando.
El primer lote de Bio-Bac fabricado por IVEN salió a la venta a principios de 1998, año en el que se fabricaron otros tres lotes más, seis en 1999, seis en 2000 y nueve más en 2001. Cada lote estaba formado de 3.500 frascos.
El acusado Enrique M.O. trabajaba como biólogo en los laboratorios IVEN. Él sabía a ciencia cierta que el producto tenía como fin el uso humano, a pesar de que los laboratorios no estaban autorizados a fabricar más productos que no fueran los destinados al uso animal. El acusado Miguel E.G. era el consejero y director general de los laboratorios, además de farmacéutico titulado. También era conocedor de que el producto tendría como destino ser consumido entre seres humanos.
Antonio Rafael C.P., otro de los acusados, era el encargado de asegurar a todos los pacientes, de hecho así constaba en la página web desde la que se vendía el producto, que Bio-Bac tenía una eficacia terapéutica (realmente no fue contrastada por ningún estudio clínico) llegando a afirmar que su efectividad era mayor si los enfermos abandonaban el tratamiento que estaban llevando de medicina convencional y confiaban por tanto en las propiedades terapéuticas de Bio-Bac.
..Emilio Ramirez
