El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará y votará la próxima semana dos informes críticos sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno.
Fuentes jurídicas informan de que la reunión en la que se reflexionará y estudiará las dos propuestas de informe presentadas por las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, tendrá lugar en principio el próximo 4 de junio.
La propuesta de Sepúlveda es partidaria de retirar el anteproyecto, y es que considera que “aleja a España de los países de nuestro entorno”, un alejamiento que además “supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres”. Por otra parte, Llombart considera que el consejo no debe evaluar la oportunidad del cambio legislativo que se propone en la reforma.
En los dos informes se considera que uno de los supuestos de aborto despenalizados en el anteproyecto, el que contempla la existencia de una anomalía fetal incompatible con la vida, debería desligarse de que se produzca la afectación de la salud psíquica de la mujer, y es que se entiende que en este caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.
Ambas ponentes además coinciden en que la norma debería prever que en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) se incluya la realización de los múltiples informes médicos exigidos por el anteproyecto antes de la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto de esos informes, tanto Llombart como Sepúlveda creen “desproporcionado” que se exija que sean emitidos por médicos distintos de los que practiquen el aborto y que además no desempeñen su actividad profesional en el centro en el que se lleve a cabo el aborto. En este sentido, los dos vocales del órgano de gobierno ven “suficiente” que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo, sean emitidos por dos médicos distintos del que practica el aborto, sin que sea necesario acudir a un facultativo externo al centro.
En cuanto al asesoramiento que debe recibir la mujer, que el anteproyecto centra en el valor del concebido y las eventuales ayudas y prestaciones públicas, ambas vocales coinciden en que la información debería hacer mención también a la situación personal del gestante atendiendo a la causa del aborto y sobre las consecuencias que habría en el caso de seguir con el embarazo.
Las propuestas de informe de Llombart y Sepúlveda abogan además porque la norma regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, pero al mismo tiempo creen que hubiese sido adecuado que se garantizase que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos estén equipados de personal sanitario y facultativo “que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia”.
..Emilio Ramírez
