La OMC ha abierto un conflicto contra el principal colegio de España, el de Madrid, el que tiene más colegiados y el que más dinero aporta al Consejo General. El conflicto cuenta con muchos frentes abiertos y no puede cerrarse en falso porque no sería un cierre definitivo y nadie quiere seguir con ello. Más que un cierre parece que puede acabar con una negociación. La Comisión Deontológica Central emitió un informe proponiendo sanción para la presidenta Sonia López Arribas y exonerando a la vicepresidenta Ana Sánchez Atrio y el secretario Emilio Villa, sin embargo la asamblea de presidentes, sin ninguna razón conocida decidió unir el futuro de los tres.
Eliminación de la función de las comisiones deontológicas
Una de los principales órganos de los colegios es la comisión deontológica, que tiene la función de ver que se salvaguardan y observan los criterios éticos y las normas deontológicas de la profesión médica y de su dignidad y prestigio. La comisión deontológica revisa la actuación profesional para proponer sanción si ha habido “mala praxis” o alguna otra falta. Ninguna comisión deontológica tiene la potestad de sancionar, sino de proponer sanciones, es la Junta Directiva quien sanciona. El expediente y la sanción de las faltas cometidas por los miembros de la Junta Directiva serán competencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. En esta ocasión el informe de la Comisión Deontológica Central ha sido “desoído” y se ha hecho exactamente lo contrario a lo que dice un informe exhaustivo de más de 500 folios y varios meses de estudio. Si no se está dispuesto a atender las indicaciones de las comisiones deontológicas es mejor que desparezcan todas, no tiene sentido hacer un “comité de expertos” para después no atender sus propuestas.
Fin del principio de territorialidad
Una de las principales líneas de trabajo de la OMC ha estado marcada por el principio de territorialidad, es decir, no inmiscuirse en las cuestiones internas de los colegios. Con este caso la OMC entra de lleno en un conflicto interno entre personas. Por un lado está la presidenta López Arribas, que no acepta la autoridad de la Junta Directiva y de la Asamblea de Compromisarios y que no ha hecho ninguna propuesta de trabajo o actividad hacia la colegiación; por otro lado está el resto de la Junta Directiva, que se somete de forma “estricta” a la legalidad que marcan los estatutos y encima lleva trabajados varios proyectos muy importantes para el colectivo. El Colegio es operativo, cumple sus funciones y tiene un funcionamiento absolutamente estatutario. Si la OMC se inmiscuye en este proceso estará alterando la vida interna de una Junta Directiva, sin haber dado todavía ninguna razón para ello. En cualquier momento podría entrar en otro colegio.
Prevaricación de los presidentes
Prevaricación es un delito que consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Teniendo en cuenta que no se ha atendido el informe de los expertos (Comisión Deontológica Central), que no se ha escuchado a todas las partes, sino solamente a la presidenta López Arribas, y no se han dado las razones de la posible sanción, es evidente que los presidentes que no emitan un voto particular podrán ser acusados de prevaricación, y ese sí es un delito grave y que merece inhabilitación. Cada presidente debería estudiar bien lo que se le propone votar antes de “jugársela” a ciegas.
El poder de Diego Murillo
Entre las bambalinas de la OMC se asegura que detrás del conflicto está AMA Seguros, la mutua presidida por Diego Murillo que tiene en “nómina” a muchos presidentes colegiales. Murillo quiere elecciones en Madrid para poner un candidato que le convierta en la aseguradora de un Colegio que se le resiste y no ha conseguido en todos estos años. Los presidentes de colegios vinculados a AMA Seguros y a su fundación se sienten obligados a atender a este deseo de Murillo. Sus ingresos pueden correr peligro y esta es una oportunidad para ayudar a su “patrón”.
Cierre o negociación como única salida
Todos los presidentes deberán estar seguros de lo que votan en este conflicto porque ninguno quiere verse implicado en esta supuesta acusación de prevaricación que es tan desagradable y dura para los protagonistas. Solo les queda el cierre o la negociación, porque seguir adelante supondrá verse con una posible inhabilitación y enfrentarse a un juez, exponiendo personalmente las razones por las que se desatiende la propuesta de un comité de expertos en favor de otra resolución contraria con orígenes desconocidos. El presidente Rodriguez Sendín tiene la oportunidad de cerrar este tema sin quedar marcado de manera definitiva.
La suerte está echada para los que votan, no para los tres acusados.
