El 14 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó por fin el decreto que regula el funcionamiento del registro estatal de profesionales sanitarios, sentando oficialmente las bases del funcionamiento de una herramienta unánimemente demandada por toda la profesión. Según los plazos estipulados en el BOE, el Ministerio de Sanidad debe aprobar antes del próximo 14 de febrero la orden que fijará el soporte, el formato y las características de la transferencia de datos a ese registro central, y 12 meses después de aprobada esa orden, es decir, el 14 de febrero de 2016, el registro estará por fin operativo. El Ministerio estima que la puesta en funcionamiento del registro, el desarrollo de su aplicación informática, la introducción de los datos (que deben remitir a Sanidad otros ministerios, autonomías, colegios profesionales y entidades privadas), la verificación de esos datos y su notificación a los profesionales se puede hacer con un coste de 230.000 euros, que saldrán del presupuesto asignado este año al Ministerio y no supondrán, por tanto, “aumento de las dotaciones presupuestarias ni de los gastos en materia de personal”, según la memoria económica del proyecto ministerial. (Diario Médico)
