Más allá de los plazos de implantación del registro central o de la viabilidad de ponerlo en marcha con los cálculos económicos del Ministerio, los médicos que (voluntariamente) deberán volcar sus datos en la nueva herramienta se debaten entre la satisfacción por su definitiva puesta en marcha y las dudas que aún suscita el contenido de la norma. El real decreto publicado en el BOE mantiene sin cambios los dos puntos que más rechazo suscitaron entre los colegios y, por extensión, en el Foro de la Profesión Médica: la titularidad del registro, que estará en manos de la Dirección de Ordenación Profesional, y la posibilidad de que figuren las sanciones o suspensiones del servicio que la Administración sanitaria imponga al médico. Colegios y Foro alegan que sólo las corporaciones y los tribunales pueden imponer sanciones que inhabiliten para el ejercicio profesional, y que, por tanto, sólo éstas deberían figurar entre los datos del registro. (Diario Médico)
