Los proyectos de ley de mutuas y de decreto de gestión de la incapacidad temporal (IT), aprobados antes del verano, establecen una serie de limitaciones a sus altos cargos como consecuencia de los últimos escándalos mediáticos generados por una gestión poco transparente y rodeada de una sombra de sospecha permanente. Quizás el más sonado de todos sea el de Mutua Universal, en el que se encuentran imputados 11 altos directivos por un presunto fraude cercano a los 200 millones de euros. Sin embargo, lo más polémico de la nueva normativa es el hecho de que las mutuas puedan intervenir en la baja laboral del trabajador desde el primer día de la misma –ahora lo hacen desde el decimosexto-. Además, se obliga al inspector médico a responder en cinco días a las propuestas de alta que hagan estas entidades privadas –ahora el plazo está en 15-; si no lo hace, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendrá cuatro días para alcanzar una resolución, y el dictamen final será comunicado tanto a la empresa como al trabajador. (El Médico Interactivo)