Asisa, IDCSalud, Ribera Salud y Unilabs han quedado absueltas de un posible delito contra la hacienda pública, fraude y malversación de caudales públicos del que habían sido acusados por el proceso de adjudicación de la gestión de hospitales en la región, puesto en marcha en 2003 por Esperanza Aguirre.
Según informa El Economista, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella planteada por Afem en el mismo marco del proceso de privatización de la gestión de hospitales que ya se cerró, acabando con la dimisión del anterior consejero de Sanidad Fernández Lasquetty. Varios diputados socialistas se sumaron a la querella de Afem como acusación particular.
La querella se dirigía contra los cargos que estaban en el momento de los hechos, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud, Patricia Flores; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad (hoy IDCSalud); el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Juan José Güemes, Asisa, Unilabs, Patricia Flores y Antonio Burgueño, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, Capio Sanidad, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Manuel Lamela.
La Audiencia estima que la querella “contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo“. La Audiencia da también la razón a los recurrentes cuando alegan que la querella hace una “referencia muy genérica a un sinfín de hechos” y se incluye luego “una letanía de tipos penales que presentan escasa relación entre sí“.
Contra el auto no cabe recurso si no se presentan más pruebas.
..Alfonso González
