El Tribunal Supremo de Canadá, presidido por Beverley McLachlin, ha decidido que la prohibición vigente en el país del suicidio médicamente asistido es inconstitucional. Esta decisión abre la puerta a esta práctica en el caso de adultos con una enfermedad grave y capacidad de consentir. La decisión, adoptada por unanimidad de los nueve magistrados del alto tribunal, considera que el veto impuesto por el Código Penal al auxilio al suicidio priva a quien sufre de una patología grave e incurable del derecho a la vida, la libertad y la seguridad que establece la Constitución. En palabras de la sentencia, la ayuda del médico debe prestarse sólo “a la persona adulta competente que consiente con claridad a poner fin a su vida y sufre una enfermedad grave e incurable que le cause un sufrimiento permanente que sea intolerable para el individuo en esas circunstancias”. Dentro de estos parámetros, indican los magistrados, la naturaleza del sufrimiento puede ser tanto física como psicológica y no es preciso que la enfermedad sea terminal. (Diario Médico)
