“Aprobamos el mayor programa anticorrupción de toda la democracia” acaba de anunciar la vicepresidenta del gobierno Soraya Saenz de Santamaria después del último consejo de ministros. Este programa se mira con “escepticismo” en el seno de de la Organización Médica Colegial (OMC), donde casi la mitad de los presidentes utilizan su cargo para negocios que suponen un enriquecimiento particular y personal.
Algunos presidentes, una vez que firman un contrato para que AMA Seguros sea la aseguradora oficial del colegio que presiden, por ejemplo, pueden convertirse en consejeros o vicepresidentes del Consejo de Administración de AMA Seguros, con su correspondiente “sueldo” que puede ser de 3.000 o 6.000 euros mensuales y llegar hasta incluso los 12.000 con los complementos correspondientes. El Colegio, entonces, pasa a recomendar las pólizas de la compañía de su presidente. Los médicos, cautivos porque la colegiación es obligatoria para poder ejercer, se ven “ahogados” en la información sobre las bondades de AMA Seguros.
Son estas prácticas las que han llevado a los colegios a presidentes con más ganas de “lucro personal” que “servicio a la comunidad”. De hecho, algunos de los presidentes que dejaron sus cargos colegiales fueron cesados como miembros del Consejo de Administración de AMA Seguros. Eudald Bonet, Vicente Alapont o Enrique de la Figuera podrían explicar que dejaron de ser vicepresidentes o consejeros porque perdieron las elecciones en sus colegios y dejaron de ser “útiles” para Diego Murillo.
¿Qué hará el gobierno con estas prácticas?, ¿le pedirá a la OMC que entré a luchar contra sí misma? El propio presidente de la OMC es miembro del patronato de la Fundación AMA Seguros y su hijo director de la oficina de Toledo. Esto significa que Juan José Rodríguez Sendín tiene razones económicas suficientes para ayudar a AMA Seguros y que estas prácticas no desaparezcan.
Los presidentes que son consejeros de empresas privadas, o mutualidades, no tienen las manos libres, están atados por los intereses particulares de dichas compañías que les pagan. ¿Debería la fiscalía abrir diligencias por estas prácticas abusivas y de corrupción? De momento ya lo sabe
..Alfonso González
