La Defensora del Pueblo ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2015 que afecta al acceso al empleo público de las personas con discapacidad. La institución que dirige Soledad Becerril considera que la sentencia del Supremo “no protege suficientemente a las personas con discapacidad en su derecho de acceso al empleo público, ya que realiza una interpretación restrictiva de los requisitos por los que se accede desde el turno especial de discapacidad”, según señala en un comunicado. La sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2015 desestimó el recurso de casación 3.521/2013, interpuesto contra la sentencia de 17 de julio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se había dirigido al Defensor del Pueblo para solicitar la interposición de un recurso de amparo ante el Constitucional por entender que el Supremo hace una interpretación “restrictiva” del artículo 3.3 del Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. (Médicos y Pacientes)
