Las comunidades autónomas serán las últimas responsables de establecer los incentivos y los diferentes niveles de implantación y autonomía de las unidades de gestión clínica (UGC), según el borrador del proyecto de real decreto que ayer hizo público el Ministerio de Sanidad. La intención del Ejecutivo es que esta norma esté aprobada antes de noviembre. El Ministerio daría un año de plazo desde la entrada en vigor de la norma para que las comunidades que ya tienen UGC (como Castilla y León, Asturias y Andalucía) adapten su regulación. La propia memoria de impacto normativo señala: “El real decreto no establece ninguna obligación de crear unidades de gestión clínica, ni siquiera contempla la obligación de desarrollo del propio real decreto. Otorga a las comunidades la competencia para autorizar la creación de las unidades de gestión clínica. La creación, o no, de las unidades, su número, sistema de incentivos y, por lo tanto, impacto presupuestario es una decisión de cada servicio autonómico de salud”. (Diario Médico)
