No se pierda

El sistema sanitario público no puede seguir un camino ideológico sin medir implicaciones ni riesgos

23 de junio, 2015
Emiliano Garcia Page

En el acuerdo que han firmado en Castilla-La Mancha Podemos y PSOE para la investidura de Emiliano García Page hay varios conceptos esenciales que afectan directamente al sistema sanitario, concretamente contra el sistema sanitario privado en favor de una ideología sobre el sistema público de sanidad, quizá lejos de la realidad.

Hay dos epígrafes que destacan por encima de cualquier otro:

  • Paralización de todos los planes de privatización de los servicios dependientes de la JCCM
  • Auditoría de los sistemas sanitarios, y revisión de los sistemas privatizadores emprendidos a nivel autonómico

La explicación de ambos puntos es bien sencilla, se trata de estudiar cualquier tipo de privatización o proceso de privatización con el objetivo de revertirlos para defender el carácter público de ciertos hospitales y servicios.

El propio Dr. Manuel Puig, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha explicado en una entrevista reciente en iSanidad. Lo mejor de la Sanidad que todas las dinámicas administrativas “pueden desembocar en un bloque de actuaciones que determinen una pérdida de calidad asistencial”, dando a entender que el problema es la calidad asistencial, por eso, lo que él propone es que participen los profesionales médicos en las decisiones, apartando, de esa manera a los políticos, que tienen un desconocimiento grande.

Incluso la Dra. Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza ha dicho en otra entrevista en iSanidad. Lo mejor de la Sanidad que “la privatización es mala cuando no se realizan los controles adecuados en la obtención de beneficios desmedidos”, por lo tanto el problema no es de las privatizaciones, sino del control que la Administración hace de las mismas.

También el Dr. Guillermo Sierra, expresidente de la OMC, en otra entrevista en iSanidad. Lo mejor de la Sanidad decía que ”antes de hablar de privatizaciones sería necesaria una Reforma Estructural emanada desde los propios profesionales. En la reforma estructural que señalamos, es necesaria una revisión del modelo retributivo, el cual debe ser motivador, basado en criterios profesionales y donde se premie la calidad, la dedicación, los resultados, la satisfacción de los pacientes, es decir, la eficacia, la eficiencia y la efectividad, así como la investigación y la docencia”. Por lo tanto, mantener, promocionar o revocar las privatizaciones no es más que una cuestión política, de hecho Sierra explica que “una cosa es la privatización de la asistencia sanitaria, otra diferente es la privatización de la gestión y otra es la externalización de servicios o derivación de patologías”, e insiste en que “la complementariedad de la asistencia sanitaria pública y privada puede ser razonable siempre que se especifiquen muy bien las condiciones de actuación de ambas”.

Por otro lado, Vicente Ortín, profesor del departamento de Economía y Empresa y Director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra, explicó recientemente en una mesa redonda organizada por la Universidad de Alicante (UA) que “es aconsejable propiciar formas alternativas de organización, que hayan sido ya controladas y evaluadas. Huir de un modelo único para poder comparar”.

Todos estos detalles demuestran que a las propuestas de los partidos de izquierdas para paralizar o revertir las privatizaciones no son una ventaja a nivel económico, sino una propuesta ideológica para darle al Estado el poder absoluto ante cualquier tema sanitario, incluidos los laborales, los científicos e incluso la medida de la calidad asistencial.

El problema que se plantea al parar las externalizaciones de gestión o las privatizaciones es una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de centros y puestos de trabajo, lo que conlleva sustancialmente una partida extra de gastos para indemnizaciones a las empresas afectadas por el incumplimiento de los contratos sumando las partidas de gasto público para crear cientos de plazas públicas de nuevos funcionarios, hasta un total de los casi 250.000 puestos de trabajo que la sanidad privada española mantiene en sus filas.
..Alfonso González