“España destina 244 millones de euros en atender a los 185.000 inmigrantes en situación administrativa irregular que, por ley, pueden acceder a todos los servicios sanitarios en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles”, aseguró ayer el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno en una entrevista en RNE, recogida por Europapress. Los destinatarios, según Moreno, son mujeres embarazadas, los menores de edad y las personas que padecen una enfermedad infecciosa y que pueden generar un problema de salud pública. “Actualmente son 185.000 los que atendemos por ley del mismo modo que atendemos a cualquier nacional. Todos ellos suponen 244 millones de euros que pagamos entre todos”. Estas declaraciones se efectuaron tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado el pasado miércoles en el que, a pesar de que no iba en el orden del día, los consejeros sanitarios socialistas instaron al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, a derogar el Real Decreto 16/2012 y a devolver la asistencia sanitaria en las consultas de Atención Primaria a todas las personas en situación administrativa irregular, como se hacía antes de la aprobación de dicha normativa. (Médicos y Pacientes)
