“Nos preocupamos por las quejas, y debemos decirle al Gobierno que los servicios deben prestarse correctamente a partir del 1 de enero de 2016, pero no es algo que corresponda al Ministerio de Sanidad”. Con estas palabras, el ministro Alfonso Alonso ha admitido hoy, al concluir el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que las comunidades están preocupadas por el traspaso de competencias sociales y sanitarias de los ayuntamientos a los gobiernos regionales, aunque ha dejado claro que no es Sanidad quien puede posponer o cambiar la norma, que data de 2013 y que podría costar unos 500 millones más a las regiones. Como ha informado DM esta mañana, ha sido Extremadura la primera en transmitir hoy un mensaje que, según ha reconocido Alonso, incomoda a muchas más autonomías. El Gobierno obliga a que dentro de poco más de dos meses, las comunidades asuman la asistencia social que hasta ahora dan las entidades locales y los ayuntamientos. Piden una moratoria para aplicar la ley y reclaman concreción en torno a cómo financiar este cambio. Para el traspase de competencias sanitarias aún hay algo más de margen, otros tres años. (Diario Médico)