Publicado en Redacción Médica El Real Decreto 16/2012 se presenta ante los historiadores de la sanidad como el que más revuelo judicial ha generado en los últimos 35 años. Ni siquiera la Ley General de Sanidad (LGS) repercutió en mayor número anual de recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional (TC), en materia de sanidad, durante los años circundantes a su aprobación en 1986 por el PSOE. Así lo revela un análisis pormenorizado de los anales del Ministerio de Hacienda a este respecto, en los que se descubre que, solo en 2012, hubo 19 recursos presentados ante el TC relacionados con la sanidad, una docena de los cuales procede de impugnaciones de los gobiernos autonómicos al Estado, de los cuales siete, como poco, se dirigen de forma explícita contra el famoso decreto aprobado por la ministra de Sanidad Ana Mato. De hecho, solo en 1984 se detectó una cantidad similar de procesos litigiosos por razón de normativas de salud, 14 en todo el año; el periodo correspondiente al primer gobierno democrático de Adolfo Suárez tras las elecciones de 1977 hasta 1979 todavía no está disponible en los archivos que publicita el Ministerio de Hacienda, pero es conocido que la reforma sanitaria fue una asignatura pendiente de la Unión de Centro Democrático (UCD) no resuelta en ese intervalo de tiempo en el que ni siquiera se había transferido la sanidad a una sola comunidad autónoma, por lo que los litigios del Estado contra resoluciones del gobierno central son improbables.
