Publicado en Médicos y Pacientes Esta propuesta socialista, hecha al amparo de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución, expresa que el objeto de la misma es universalizar la asistencia sanitaria pública, ampliando el ámbito subjetivo del derecho a la protección de la salud con fondo públicos que fue “profundamente modificado” en la Legislatura anterior mediante el Real Decreto-ley 16/2012, no solo desde el punto de vista conceptual, a través de la figura del “asegurado” como titular del derecho a la asistencia sanitaria, sino también por la “restricción de las personas que hasta entonces disponían de cobertura sanitaria pública”. En la Proposición de Ley se expone que este Real Decreto “dejó sin cobertura sanitaria directa a los profesionales y a todos aquellos que no tengan vínculo alguno con la Seguridad Social –e, incluso, a los descendientes de asegurados mayores de 26 años-, cuyos ingresos superen un determinado límite que la norma no precisa” y considera que “lo más grave” fue la “expulsión” de la cobertura pública sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las “graves consecuencias que implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte de derechos que supone y que no respecta principios constitucionales como es el de la dignidad de la persona”.
