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El PSOE se une a los enfermeros en su lucha por la suspensión cautelar del RD que regula la prescripción enfermera

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En respuesta al auto emitido por el Tribunal Supremo hace unos días en el que se denegaba la suspensión cautelar del artículo del Real Decreto que regula la prescripción enfermera, el Consejo General de Enfermería ha solicitado ante el Supremo un recurso de súplica.

Con el mismo propósito, el PSOE se ha sumado a la reivindicación para la creación de una nueva ley, tras la reunión que mantuvieron ayer martes el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, y el portavoz de Sanidad, Jesús María Fernández, con representantes del Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse.

Durante una de las sesiones del Congreso, Fernández informó de la proposición no de ley al Gobierno en funciones y pidió que se hiciera “una revisión que cuente con el consenso y colaboración de todas las comunidades autónomas y de todas las organizaciones profesionales”. Además, el portavoz de Sanidad declaró que “ha sido un colofón nefasto a la desastrosa legislatura en materia de sanidad desarrollada por el gobierno de Rajoy” y considera que es una muestra más de la falta de conexión con la realidad y de improvisación en una materia tan importante como es el uso de medicamentos por parte de los profesionales sanitarios.

Con el recurso los enfermeros piden que se explique de “forma clara y fehaciente cuál es el verdadero rol de la enfermería a día de hoy y cómo se estructura su trabajo diario con fármacos y productos sanitarios en su quehacer diario“, ya que advierten que “sin perjuicio del absoluto respeto que siempre mostramos por las decisiones judiciales, entendemos que la propia redacción del artículo 3.2. ha podido inducir a la Sala a importantes errores conceptuales y valoraciones consideradas no ajustadas a Derecho“.

El recurso puntualiza por un lado la regulación actual de la enfermería haciendo hincapié en que actualmente, gracias a la regulación existente y a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que ha promovido la relación entre ellas sobre la base del trabajo en equipo, con carácter inter y multidisciplinar, ya no existe vestigio de subordinación de una profesión sanitaria a otra. Además, en él también se recogen nuevos argumentos que “demuestran el gravísimo deterioro de la actividad asistencial que está generando la entrada en vigor del artículo 3.2. del Decreto y los conflictos que se están produciendo entre los profesionales“.

A propósito de esta Ley del Medicamento, los juristas exponen que el fin de regular el uso y la indicación de medicamentos no es otro que “otorgar seguridad jurídica, en favor no sólo de los profesionales afectados, sino también de los pacientes y usuarios del sistema sanitario español, sobre actuaciones de las enfermeras asumidas en la práctica diaria, es decir, aceptadas por todos los actores de ese sistema“.

En la misma línea, explican que “se trata, en todo momento, de dotar de seguridad jurídica a actuaciones, que formaban parte de la praxis habitual en connivencia y de acuerdo con los profesionales médicos, permitiendo que, en aplicación de un protocolo concreto, la indicación, uso y autorización de dispensación, así como el seguimiento del paciente lo haga la propia enfermera“. No obstante “el redactado final del Real Decreto no sólo no aporta legalidad a situaciones, sino que ha pasado directamente a prohibirlas, impidiendo a los enfermeros poder llevarlas a cabo y cercenando los objetivos y contenidos establecidos en la Ley del Medicamento“.

Con este recurso se pretende probar que el redactado final del Real Decreto de Prescripción Enfermera va a comprometer la asistencia diaria y las prácticas clínicas y asistenciales que siempre las ha llevado a cabo el enfermero, pudiendo decidir de forma autónoma y libre qué medicamentos aplicar: “Así, informa de cómo, a partir de ahora, será necesario que vaya el médico una y otra vez al domicilio, ya que sólo él podrá tomar dichas decisiones“.

Por último, pero no menos importante, destacan el hecho de que “en centros socio-sanitarios, donde antes no era precisa la actuación del médico ante estas situaciones, será imprescindible ahora su presencia. Con todo ello, se multiplicarán las actuaciones y se provocará un aumento de la actividad profesional y una saturación del Sistema Sanitario con el subsiguiente trastorno tanto para pacientes como profesionales, incluyendo a los enfermeros y a los médicos“.

Por todo esto, el partido socialista también reclama la derogación del actual Real Decreto y crear una nueva ley que garantice la seguridad clínica de los pacientes, que establezca las condiciones que faciliten la coordinación y continuidad asistencial y que dote al ejercicio de las profesiones sanitarias de garantía jurídica.

Actualmente, nueve comunidades autónomas han anunciado la interposición de sus correspondientes recursos y, al menos doce han manifestado públicamente su rechazo al decreto y su incompatibilidad con la realidad asistencial.
..Susana Calvo